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El Govern respalda no acatar la sentencia del castellano

Hablamos Español [1]

Hablamos Español defiende cosas de sentido común

José González-Cambray envía una circular a los profesores catalanes instándoles a desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano

Y Hablamos Español le denuncia ante la Fiscalía por prevaricación

Hablamos Español ha denunciado ante la Fiscalía al Consejero de Educación catalán, José González-Cambray, por haber enviado una circular a los profesores catalanes instándoles a no cumplir la sentencia dictada por el Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano.

El Tribunal Supremo dictó la semana pasada una sentencia por la que convertía en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalidad de Cataluña a cumplir un mínimo del 25% en español en las escuelas [2].

Pero en vez de animar a cumplir la sentencia del Supremo, el 24 de noviembre González-Cambray envió un correo electrónico a todos los centros de enseñanza dependientes de la Generalidad de Cataluña dando instrucciones para no acatar el fallo judicial. En su misiva, que puede leer aquí en catalán [3], González-Cambray dice a los profesores que no han de hacer cambio alguno en sus proyectos lingüísticos por la sentencia y les anuncia que contarán con el amparo de la Consejería. El consejero de Educación de Pere Aragonés expresa su apoyo a los profesores y termina diciendo que ‘la escuela en Cataluña, en catalán’.

El equipo jurídico de Hablamos Español, entidad presidida por la profesora Gloria Lago, considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga ‘a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria’. La prevaricación también se produce cuando deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme.

Para los abogados de la asociación defensora de los castellanohablantes lo que hace González-Cambray con su misiva es animar a los profesores a no cumplir la sentencia del Supremo en lo que se refiere al derecho de los estudiantes a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña violentando de esta manera sus derechos constitucionales plasmados en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

Gloria Lago acusa a Gonzàlez-Cambray de, prevaliéndose de su cargo público y plenamente consciente de su completa incompatibilidad con el ordenamiento jurídico, impartir instrucciones abusivas para que no se acate un fallo judicial firme.

El artículo 511 del Código Penal dispone que incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

En este caso se ordena que se deniegue a los hispanohablantes y a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen el recibir al menos el 25% de la enseñanza en español; es decir, se trata de un claro ejercicio de discriminación por razón de lengua, que merece el mayor reproche penal al ejecutarse desde el puesto de máximo responsable educativo de una autonomía.

El fallo de la resolución del Tribunal Supremo ordena ‘adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de garantizar que, en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso’.

Por todo esto Hablamos Español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona, que puede leer aquí [4], acompañada del texto de la carta y de uno de los correos electrónicos enviado a los docentes desde y al correo corporativo de la Consejería.