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El Gobierno establece un arbitraje obligatorio en la huelga de El Prat

Íñigo de la Serna

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una imagen de JM Cuadrado (Moncloa)

Los sindicatos consideran que la decisión atenta contra el derecho de huelga

El Consejo de Ministros acordó ayer establecer un arbitraje obligatorio para solucionar la huelga indefinida declarada por los trabajadores de Eulen encargados de la seguridad en los controles del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

De acuerdo con la decisión gubernamental, las partes -trabajadores y empresa- deberán designar un árbitro de mutuo acuerdo en el plazo máximo de 24 horas. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, el árbitro será designado por el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes y dictará su decisión en el plazo de diez días.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, compareció en rueda de prensa para informar que el acuerdo del Consejo de Ministros tiene base legal una vez fracasada la mediación de la Generalitat de Cataluña y de verse obligado a desplegar a la Guardia Civil para restablecer el orden en el aeródromo catalán.

Según detalló De la Serna, el artículo 10 del Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones de trabajo, faculta al Gobierno a establecer un arbitraje obligatorio en el supuesto en que concurran con carácter acumulativo las circunstancias de duración prolongada de la huelga o que se deriven graves consecuencias de la misma, que las partes mantengan posiciones irreconciliables, y perjuicio grave para la economía nacional.

El ministro explicó que, para garantizar la imparcialidad del árbitro, en caso de que sea el Ministerio quien lo nombre, permitirá a las partes que presenten las alegaciones que consideren oportunas para aclarar su imparcialidad.

La decisión de arbitraje, ha concretado el ministro, «habrá de ser resuelta en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de designación de la figura del árbitro». Este acuerdo se notificará al comité de huelga y a la empresa Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Íñigo del Serna resaltó que el acuerdo tiene un «carácter excepcional» y una aplicación específica a un caso singular y en unas circunstancias muy concretas. Es decir, que no se puede extrapolar a los trabajadores de otros aeropuertos.

Además, subrayó que «el Gobierno entra con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país, y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación, con la agilidad suficiente para tomar decisiones que hacen que el aeropuerto haya recobrado la normalidad y se establezca un cauce para la solución definitiva del conflicto».

El titular de Fomento ha insistido en la legalidad de la medida, que, según ha apuntado, tiene precedentes en España y ha sido utilizado en circunstancias similares. El Gobierno considera que «tiene que suponer el fin del conflicto en el momento en el que se establezcan las condiciones que serán vinculantes para las partes», ha dicho.

Íñigo de la Serna anunció además que, como decisión informal tras el debate en torno a la situación de El Prat, el Gobierno ha estudiado las propuestas que los sindicatos (UGT y CCOO) le han trasladado para establecer un marco global de carácter nacional que determine condiciones relacionadas con el trabajo en los sistemas aeroportuarios y en otros servicios de la seguridad privada.

Al ministro le «parece bien» la idea de crear un grupo de trabajo con los sindicatos para abordar las condiciones del sector de la seguridad privada. No obstante, dejo clar que este grupo de trabajo no sustituye a la mesa de negociación sectorial que está en marcha entre las partes.

Fuentes del comité de huelga de Eulen en El Prat han confirmado que aunque tengan la obligación de cumplir el laudo lo recurrirán porque, en su opinión, es «ilegal y vulnera los derechos de los trabajadores».

CCOO rechaza el laudo porque «atenta contra del derecho de huelga y de negociación colectiva». Para este sindicato, esta medida, junto con la determinación de servicios mínimos «abusivos» y la utilización de la Guardia Civil, supone una «conculcación de los derechos fundamentales». También UGT ha pedido al Gobierno que «asuma sus responsabilidades por la vía de la negociación y el acuerdo, y no de imposiciones unilaterales».

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha sumado a las críticas al Gobierno diciendo que el laudo es «una forma de imposición» que no aborda «la explotación» a los trabajadores. Es más, Ábalos acusa al Ejecutivo de «criminalizar» a los huelguistas. Por eso, los socialistas pedirán la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Esto es al menos lo que ayer adelantó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Mientras, el aeropuerto de El Prat operó ayer con normalidad en la tercera jornada de huelga indefinida.

En otro orden de cosas, CCOO, UGT y USO registraron ayer un preaviso de convocatoria de huelga de 25 días en Aena y Enaire desde el próximo 15 de septiembre y hasta el 30 de diciembre. Los sindicatos reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, que calculan en un 8%, y contratar a 700 personas que cubran las bajas.

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