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Cs se une a UPN y PP para frenar el avance nacionalista en Navarra

José Manuel Villegas

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas

Principio de acuerdo de Cs con UPN para concurrir juntos a las próximas elecciones en Navarra tras el pacto firmado el pasado día 6 entre Pablo Casado y José Javier Esparza

Ciudadanos (Cs) se ha unido a Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Popular (PP) para frenar el avance nacionalista vasco en Navarra.

Después de que el pasado miércoles regionalistas y populares firmasen un acuerdo para acudir juntos a las próximas elecciones, ayer fue el turno de Cs. Su secretario general, José Manuel Villegas, anunció un principio de acuerdo con UPN para concurrir en coalición electoral en las generales, forales y en algunos municipios navarros.

Villegas aseguró que «hay una necesidad de sumar en defensa de la españolidad de Navarra, de la Constitución en todo el territorio español y alcanzar un Gobierno constitucionalista».

Aún se ultiman los detalles del acuerdo que tendrá que ser votado por las ejecutivas de los dos partidos pero todo hace indicar que las tres fuerzas políticas irán en coalición en Navarra, donde, por cierto, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida (Izquierda-Ezkerra) concurrirán en una lista unitaria al Senado en las próximas elecciones generales del 28 de abril, bajo la denominación ‘Cambio-Aldaketa’.

El pasado miércoles, día 6, tras el pacto alcanzado con el presidente de UPN, José Javier Esparza, el líder del PP, Pablo Casado, se refirió al momento de «fragmentación del espacio electoral» que se respira en España y en la forma de «evitar la hoja de ruta rupturista del independentismo, del comunismo y de la izquierda» que podría imperar si no logran evitar la «dispersión de voto».

Para Casado las próximas elecciones generales, autonómicas, forales, municipales y europeas son «fundamentales» porque a «la hoja de ruta rupturista del independentismo y del comunismo se ha sumado la izquierda» del PSOE.

En este sentido, Casado avisó de que «Navarra es el patio de operaciones del secesionismo abertzale y del nacionalismo rupturista». Esto es algo que se sabe desde hace algunos años.

Frente a eso el presidente popular mostró su «absoluto rechazo» a que el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ceda» a los independentistas y «saque» a la Guardia Civil de Navarra como pretenden los nacionalistas. Y calificó de «inadmisible e infamia» que se debata en los parlamentos de Navarra y del País Vasco sobre la ley de abusos policiales cuando nuestro país tiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejemplares.

No se puede olvidar que en agosto, el Gobierno de Sánchez retiró el recurso de inconstitucionalidad contra la «ley vasca de abusos policiales». También es bueno recordar la política de acercamiento de presos etarras que está implementando el actual Ejecutivo para contentar a sus socios de moción de censura.

Pablo Casado reiteró el compromiso del PP de no pactar con los independentistas, al tiempo que lamentó que otros candidatos a la Presidencia del Gobierno -en clara referencia a Pedro Sánchez, que ha dicho que no lo descarta, y de Pablo Iglesias, que es lo único que quiere hacer- «no puedan decir lo mismo».

En este punto, se mostró convencido de que lo que no se puede hacer es «negociar la soberanía nacional» ni recibir un documento con 21 medidas en las que se habla de una monarquía posfranquista, unas FCSE opresoras, que no hay separación de poderes en España o que hacen falta mediadores internacionales. Se refería Casado a la reunión que Pedro Sánchez y Quim Torra mantuvieron en Pedralbes el 20 de diciembre de 2018 y de la que el Gobierno salió asumiendo la dialéctica golpista.

«Es inadmisible que ese documento se ocultara durante dos meses y nadie hiciera nada hasta que se supo a través de Torra la figura del relator», concluyó Casado aludiendo a las exigencias entregadas por el presidente de la Generalitat a Pedro Sánchez en la reunión que tuvo lugar en Pedralbes en diciembre y cuyo contenido se conoció el pasado 6 de febrero, cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aceptó «incorporar un relator» a las negociaciones con los independentistas.

Unos días después, miles de personas se manifestaron en Madrid exigiendo elecciones.

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