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Condenan a CDC a devolver 6,6 millones por tráfico de influencias

Félix Millet

Félix Millet en imagen de archivo (avi)

La antigua Convergencia desvío los fondos obtenidos a cambio de la adjudicación de obra pública a través del Palau de la Música, cuyo ex presidente, Félix Millet, ha sido condenado a 9 años y 8 meses de prisión

En 2013, el entonces presidente de CDC y de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, decía que todo eran elucubraciones y meras conjeturas de la Fiscalía

La Audiencia de Barcelona ha hecho pública este lunes la sentencia del caso Palau, un juicio iniciado en 2009 en el que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido liderado durante décadas por Jordi Pujol, ha sido condenado a pagar más de 6 millones y medio de euros por el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música.

El tribunal ha condenado al ex presidente del Palau, Fèlix Millet, a nueve años y ocho meses de prisión, a Jordi Montull a siete años y seis meses de cárcel y a Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Los delitos por los que se juzgaba a los acusados eran malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental contable, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública en relación con la gestión del Palau de la Música Catalana a través de tres de las cuatro entidades que forman su estructura y en cuya máxima responsabilidad han estado los principales encausados: Félix Millet, Jordí Montull y Gemma Montull Mir, hija de Jordi Montull.

El entramado, según consta en el fallo judicial, puesto en marcha por estos tres procesados, pero no sólo, permitió desviar más de 23 millones de euros para fines privados (obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales, compra de bienes), pagar de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya, así como defraudar a la Hacienda Pública mediante ingresos y donaciones que ocultaban el verdadero origen y finalidad del dinero.

Explica el fallo judicial que Félix Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, «pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de Associació, Fundació y Consorci, para aplicarlos, bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos, pero en todo caso ajenos por completo a los fines e intereses propios de los entes a los que dichos fondos pertenecían».

En total, entre los años 2000 y 2009, se «movieron» por orden de Félix Millet y Jordi Montull más de 23 millones de euros.

Con fondos de la Fundació, la Associació y el Consorci, entes ligados al Palau, Félix Millet y/o Jordi Montull hicieron frente a importantes gastos particulares, enriqueciéndose injustamente. Entre esos gastos señala, por ejemplo, las bodas de las hijas de Félix Millet en los años 2000 y 2002, que costaron a la Fundació 164.269 euros, viajes privados por valor de 648.021 euros y más de un millón de euros para obras en sus casas.

Durante todos los años en los que Félix Millet y Jordi Montull estuvieron al frente de las cuentas del Palau, pagaron irregularmente una «nómina» mensual a varias personas que prestaban «colaboraciones» con las actividades del Palau de la Música. Por estos «servicios» se abonaron más de 700.000 euros (719.758), una cantidad muy similar (778.428 euros) a la que se gastaron en viajes privados Félix Millet y Jordi Montull con sus familiares.

Millet y Montull pagaron casi 4 millones de euros (3.741.898) a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública en la que aquellos mediaron. Y por esa mediación Millet y Montull percibieron comisiones por un importe total de 3.453.288 euros, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques.

Según la sentencia, entre 2002 y 2009 Millet y Montull sacaron de las cuentas del Palau de la Música más de 14 millones de euros. De estos, al menos 7 millones fueron a parar a los bolsillos de Félix Millet y al menos 1.300.000 euros a los de Montull. Se desconoce el destino final del resto de fondos pero, sin duda, no se ingresaron en las cuentas de alguno de los entes del Palau, ni se destinaron a las finalidades sociales propias de la entidad.

Una de las acciones a través de las cuales Millet y Montull buscaron y obtuvieron su enriquecimiento particular a costa de los fondos del Palau fue su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación.

Millet y Montull, afirma el tribunal, pactaron con el tesorero de CDC, Carles Torrent, y otras personas que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual.

En este entramado de pago de comisiones por obra pública, Millet y Montull contribuyeron a su creación en un inicio y posteriormente, junto con Gemma Montull tras el ingreso de esta en el Palau, «al desarrollo, perfeccionamiento y mantenimiento del mismo. Para ello, pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música. De esta manera, éstos pudieron ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio los primeros y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau los segundos».

La comisión pactada entre Ferrovial y CDC era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas. Esta cantidad se repartía entre CDC, que se llevaba el 2,5%. Millet y Montull se llevaban el otro 1,5%, que Félix Millet y Jordi Montull se repartían al 80-20% respectivamente.

Los magistrados señalan que este «acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el 2009, cesando el mismo a raíz de la entrada y registro de la Guardia Civil en las instalaciones del Palau de la Música acordada judicialmente».

A pesar de su clara implicación, los jueces absuelven a Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, los empresarios mediante los que Ferrovial pactó las «mordidas» a cambio de adjudicaciones de obra pública, «al haber prescrito los hechos que se les imputaban». También absuelven por los mismos motivos a Marc Martí Ramón y Rosa Garicano Rojas.

De los hechos probados se desprenden las condenas que a continuación se detallan:

1.- Condena a Félix Millet Tusell: nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; delito continuado de tráfico de influencias; delito de blanqueo de capitales; y contra la Hacienda Pública; habiéndosele aplicado las atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento. Además, se le condena a una multa total de 4.120.540,17euros (2.934.207 euros por blanqueo de capitales y 1.186.332 euros por delito contra la Hacienda Pública).

Asimismo, se le condena a abonar al Consorci del Palau de la Música Catalana, conjunta y solidariamente con Jordi Montull, la cantidad de 3.537.290 euros. Y a abonar a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, conjunta y solidariamente con Jordi Montull, 6.294.063 euros. En total, estos dos condenados tendrán que hacer frente a más de 24 millones de euros.

También establece la sentencia la condena a pagar a la Hacienda Pública, conjunta y solidariamente con Jordi Montull, la cantidad total de 128.155 euros, más el interés legal de dinero incrementado en un 25% desde la fecha de la exigibilidad del impuesto hasta la fecha de su completo pago. Y a abonar a la Hacienda Pública, conjunta y solidariamente con Edmundo Quintana Giménez, la total cantidad de 549.749 euros, más el interés legal de dinero incrementado en un 25% desde la fecha de la exigibilidad del impuesto hasta la fecha de su completo pago.

2.- Condena a Jordi Montull Bagur: Siete años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; tráfico de influencias; blanqueo de capitales; y delito contra la Hacienda Pública, aplicándosele las atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida del procedimiento. Además, se le condena también a una multa de 2.998.284 euros (2.934.207 euros por blanqueo de capitales y 64.077 euros por delito contra la Hacienda Pública):

Asimismo, se le condena a abonar al Consorci del Palau de la Música Catalana y a la Hacienda Pública, conjunta y solidariamente con Félix Millet, la cantidades antes señaladas.

3.- Condena a Gemma Montull Mir: Cuatro año, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; delito continuado de tráfico de influencias; y delito de blanqueo de capitales. Además, multa de 2.663.955 euros.

Asimismo, tendrá que abonar al Consorcio del Palau de la Música Catalana, conjunta y solidariamente con Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur, cantidades que alcanzan el millón y medio de euros. Al contrario que a éstos, el triunal la absuelve del delito contra la Hacienda Pública.

4.- Condena a Raimón Bergós Civit por delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándose atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de dos años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 25 euros (7.500 euros)

5.- Condena a Santiago Llopart Romero por el delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de un año y nueve meses de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros).

6.- Condena a Daniel Osàcar Escrig a cuatro años y cinco meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable. Además multa de 3.796.555 euros

7.- Condena a Miguel Giménez-Salinas Lerín por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de ocho meses de prisión y multa de tres meses, con cuota diaria de 10 euros (900 euros)

8.- Condena a Juan Manuel Parra González por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de ocho meses de prisión y multa de tres meses, con cuota diaria de 10 euros (900 euros)

9.- Condena a Pedro Luis Rodríguez Silvestre por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de prisión de un año y nueve meses y multa de nueve meses, con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros)

10.- Condena a Vicente Muñoz García por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de prisión de un año y nueve meses y multa de nueve meses, con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros)

11.- Condena a Juan Antonio Menchén Alarcón por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, aplicándosele atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de prisión de un año y nueve meses y multa de nueve meses, con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros)

12.- Condena a Edmundo Quintana Giménez por delito contra la Hacienda Pública, aplicándosele atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, a la pena de ocho meses de prisión; multa de la mitad del importe defraudado (274.874 euros).

Se le absuelve de la acusación de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil cometido por particular

Por otra parte, los magistrados señalan como responsables civiles directas a Marta Vallès Guarro, Mercedes Mir Recio y Laila Millet Vallès, como partícipes a título lucrativo, respecto de las cantidades «sustraídas» a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

La resolución condena a los penados a pagar proporcionalmente las costas del proceso, incluidas las tres acusaciones particulares personadas. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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