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Condenados cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia

Parlament.cat

Imagen del Parlamento de Cataluña tomada durante octubre de 2017

El TSJ de Cataluña impone 20 meses de inhabilitación especial para ejercer cargo público a Luis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Luis Guinó

El tribunal les condena también a multas de 30.000 euros por tramitar las denominadas ‘leyes de desconexión’ en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Lluís M. Corominas, Anna Simó, Ramona M. Barrufet y Lluís Guinó como autores responsables del delito de desobediencia en relación con el golpe orquestado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Corominas, Simó, Barrufet y Guinó eran miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya cuando durante la XI legislatura no acataron las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y tramitaron resoluciones relacionadas con el proceso independentista, lo que les convierte a todos ellos, de Junts per Sí (JxSí), en autores del delito de desobediencia previsto y penado en el artículo 410.1 del Código Penal, un delito especial impropio que solo pueden cometer quienes ostentan la condición de autoridad o funcionario público.

La Sala Civil y Penal del TSJC les condena a las penas de multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros euros (30.000 euros) e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por tiempo de un año y ocho meses.

Además, el tribunal condena a los acusados al pago, cada uno de ellos, de una décima parte (1/10) de las costas del proceso, incluyendo las de la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado.

El juicio se celebró los días 21, 22 y 24 de julio de 2020 ante un tribunal integrado por los magistrados Jesús María Barrientos, Jordi Seguí y Carlos Ramos, que ha actuado como ponente de la sentencia. 

El tribunal ha absuelto a Mireia Boya, con todos los pronunciamientos favorables, por entender que su condición de diputada y presidenta de la CUP no le otorgaba la capacidad de intervenir sobre la iniciativa que exige el tipo penal de la desobediencia. 

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