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Prisión para el ex consejero socialista Antonio Fernández

PSOE

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años de cárcel al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y a cuatro años de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

Ambos han sido condenados por las ayudas ‘ilegales’ concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) a cuenta de los ERE falsos articulados por el PSOE.

Antonio Fernández y Juan Márquez han sido juzgados en una de las piezas separadas del ‘caso ERE’ que afecta al PSOE de Andalucía y por el que ya han sido condenados dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a 9 años de inhabilitación el primero y a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días el segundo.

En esta nueva sentencia se imponen condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Administración socialista. Entre estos últimos condenados se encuentran la presidenta del Consejo de Administración de Acyco, condenada a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación, y un abogado de un bufete, a los que se les considera cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a más de tres años de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco.

Todos a excepción del ex director general de Trabajo Juan Márquez deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción.

La Audiencia considera probado que en el año 2003 la presidenta del Consejo de Administración de Acyco inició un ERE junto al director de Recursos Humanos y abogado de la empresa. El 3 de julio de 2003 se presentó ante la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud del ERE por causas productivas y organizativas para la extinción de la relación laboral de 35 trabajadores, actuando en nombre de Acyco su director de Recursos Humanos, que contó con el ‘asesoramiento’ del abogado del bufete que ha sido condenado.

La solicitud del ERE iba acompañada del acta del acuerdo de fecha 2 de julio de 2003 entre los trabajadores y la empresa y del listado de los 35 trabajadores afectados, entre los que se encontraba la propia presidenta del Consejo de Administración. Tras ello, ya el 23 de julio de 2003, el delegado provincial de Empleo dictó una resolución autorizando a Acyco la extinción de 35 contratos laborales por causas productivas y organizativas.

El tribunal indica que, a fin de obtener el respaldo económico de la Junta para sufragar el coste de estas prejubilaciones, la presidenta del Consejo de Administración mantuvo contactos y reuniones junto con el responsable de recursos humanos y el abogado del bufete referido con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, obteniendo de éste la suscripción de un documento de fecha 8 de mayo de 2003 que reflejaba el compromiso adquirido.

Como consecuencia de este compromiso y tras la autorización administrativa del ERE, la Dirección General de Trabajo y Acyco suscribieron el Protocolo de Colaboración de fecha 26 de julio de 2003 para la concesión de ayudas a la prejubilación de los trabajadores. Así, y en virtud de la suscripción de dicho protocolo, la Dirección General de Trabajo se comprometía a sufragar el coste de una póliza cuyo importe de la prima al contado ascendía a 2.832.482 euros y coste aplazado de 2.951.413 euros, siendo los beneficiarios 36 personas, ‘entre los que no aparecía’ la presidenta del Consejo de Administración ‘pero sí dos personas que nunca habían pertenecido a Acyco’, ambas ya fallecidas.

La Audiencia subraya que la inclusión de estas dos personas como beneficiarias se debió ‘exclusivamente’ a las relaciones personales que tenían con Guerrero, ‘quien dio la orden para que resultaran beneficiarios de la póliza de seguro colectivo a suscribir’, añadiendo que ‘la ilegal inclusión de estas dos personas era conocida’ por los dos directivos de la mediadora Vitalia condenados y que eran las personas de contacto de Vitalia ante la Dirección General de Trabajo.

Al hilo de ello, el tribunal señala que, en cumplimiento del compromiso adquirido por el entonces director general de Trabajo para el pago de prejubilaciones, se formalizó una primera póliza de renta colectiva con la compañía Personal Life que era financiada ‘íntegramente’ por la Junta a pesar de constar otro tomador y que incluyó finalmente a 35 beneficiarios, entre ellos la presidenta del Consejo de Administración, quien no figuraba en anexo al Protocolo de Colaboración, así como una segunda póliza en la que los beneficiarios son ‘las dos personas que nunca habían tenido relación laboral con Acyco’.

Las pólizas de estos dos ‘intrusos’ fueron aceptadas y asumidas por Francisco Javier Guerrero con consentimiento y autorización del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien ‘iba a ser la encargada del pago de la póliza, conociendo ambos que dicho pago se realizaría sin fiscalización del gasto por parte de los interventores de la Consejería’.

Para la Audiencia, los condenados incurrieron en un delito de prevaricación por ‘haber sido otorgadas ayudas socio-laborales sin previa solicitud formal de la empresa beneficiada y sin instrucción de expediente y resolución escrita, instrumentadas mediante la financiación con fondos públicos de pólizas de renta colectiva de prejubilaciones derivadas de la reestructuración de la plantilla de Acyco, con introducción de dos personas ajenas a dicha plantilla (intrusos), y por la suscripción de una adenda al Convenio de febrero de 2004 para abono del supuesto adelanto efectuado por siete socios de Acyco para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante la presentación de una factura falsa que incluía el pago de un IVA no soportado (243.600 euros)’.

Según el tribunal, ‘nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas, de bulto, que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento y la arbitrariedad en la concesión de la examinada ayuda a Acyco, merecedora del reproche penal que ha sido objeto de acusación, a lo que hemos de añadir una falta de control en la custodia de documentos y de orden en la tramitación de los expedientes, además de ausencia de claridad en las actuaciones realizadas, que hacen que se puedan calificar por alguno de los acusados como meros errores administrativos hechos de mayor responsabilidad, dada su especial trascendencia para el buen ejercicio de la función pública y su control’.

Además, la Audiencia considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, ya que, ‘con la arbitraria concesión de la ayuda a Acyco, se ha permitido un desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros, aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes’, precisando en este sentido que se trata de un supuesto de especial gravedad de la malversación dada la cantidad malversada y el daño o entorpecimiento producido al servicio público.

Los magistrados ponen de manifiesto que ‘la concesión de la ayuda-sociolaboral, la contratación de las pólizas de prejubilación y la participación en la ejecución del designio delictivo se produce de forma continuada en el tiempo por los acusados, produciéndose nuevas contrataciones, órdenes de pago y facturaciones falsas, así como autorizaciones de pago que responden a una concertación entre los acusados que permitió llevar a efecto lo ilegítimamente ideado, sucediéndose las acciones desde el año 2003 hasta 2010, en el tiempo en el que los acusados Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez estuvieron en los cargos de responsabilidad y capacidad de decisión sobre los actos determinantes’ de los delitos de prevaricación y malversación analizados.

Centrándose en el papel de Antonio Fernández, los magistrados recuerdan que ostentó el cargo de viceconsejero de Empleo y vicepresidente del Consejo Rector del IFA desde el 1 de enero de 1999 hasta el 28 de abril de 2004, ascendiendo en esa fecha a consejero del ramo, cargo que desempeñó hasta el 22 de marzo de 2010, ‘habiendo sido informado’ por el director general de Trabajo de la subvención a otorgar a Acyco y de su importe, lo que ‘le hubiera obligado a presentar su concesión a la aprobación y ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta, dada su condición de vicepresidente del Consejo Rector del IFA, y no se realizó, admitiendo una subvención que sabía que carecía de fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención delegada de la Consejería, con lo que facilitó el desvío de fondos públicos a favor de particulares’.

A juicio del tribunal, ‘la ilegalidad era tan evidente que tuvo que ser conocida y consentida por el citado viceconsejero’, ya que ‘se concedió de forma verbal, omitiéndose la obligación de registrar la subvención en la base de datos establecida al efecto, además de haberse ignorado totalmente el procedimiento para la concesión de la ayuda a Acyco, como señalan de forma clara’ los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Antonio Fernández, dicen, ‘tuvo conocimiento’ de dicha concesión, ‘según su propia declaración, a través de directivos de un bufete de abogados y del director general de Trabajo en los gabinetes directivos semanales a los que concurrían’, según prosigue la Audiencia, que añade que esta decisión ‘determinó que la Junta asumiera el pago de las primas de tres pólizas de seguros’.

Finalmente, y según estiman los magistrados, se produjo ‘una disposición de fondos públicos sin justificación muy superior a la que parece referirse el Protocolo de Colaboración y Convenio con el IFA de 10 de febrero de 2004, que favoreció a distintos particulares, entre ellos, a algunos de los acusados, en especial a Acyco, en cuanto le eximieron del pago de la indemnización que le correspondía satisfacer a los trabajadores despedidos’.

Además, favoreció a éstos últimos ‘al recibir una contraprestación muy superior a la que procedía según ley; a Vitalia, cuya intervención no era necesaria ni fue objeto de previo concurso y que percibió una comisión desmesurada en comparación con la normal en el sector del seguro, así como para las personas que intervinieron a su cuenta y dos personas ajenas a Acyco, favorecidas por su relación personal’ con el director general de Trabajo que decidió la ayuda, ya fallecido, y también para la presidenta del Consejo de Administración y el despacho de abogados interviniente.

La sentencia absuelve a tres ex altos cargos de la Junta, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano.

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