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Buscan otros 3,4 millones de los ERE ‘robados’ por PSOE y CCOO

Auto ERE Springer Arteferro

Parte dispositiva del auto de 37 páginas

El juez de refuerzo del Instrucción número 6 de Sevilla continúa el procedimiento contra un ex alto cargo de la Junta y otras cuatro personas investigadas en una pieza del caso ERE por las ayudas de 3,4 millones a Springer Arteferro

El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental

Ayer, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ‘presumió’ en el Congreso de que ahora en España ‘se cumple la Constitución en todo el territorio y los mangantes no están en el Gobierno’, en referencia a la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa.

Pero la realidad deja en evidencia a Sánchez día sí y día también. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda seguir investigando a cinco personas en una pieza separada del caso de los ERE fraudulentos con los que el PSOE de Andalucía y los sindicatos malversaron cientos de millones de euros que iban destinados a ayudar a los parados andaluces.

En este caso se investigan irregularidades en ayudas por valor de más de 3 millones de euros (3.466.088) que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Springer Arteferro, dedicada desde 1995 a fabricar muebles y objetos de decoración.

En un auto fechado el 10 de mayo y notificado este jueves a las partes, el magistrado toma esta decisión ‘porque los hechos pueden ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental’.

Los cinco investigados en esta pieza separada on el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera; dos responsables de Springer Arteferro; un representante de Comisiones Obreras (CCOO), y un directivo de la mediadora Uniter. Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Springer Arteferro, CCOO de Industria, Confederación Sindical de CCOO y Confederación Sindical de CCOO de Andalucía.

El instructor no continúa el procedimiento contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero -ya fallecido- y Juan Márquez, pues ‘ya están encausados’ en la causa general abierta por los ‘ERE falsos’.

En el auto de 37 páginas y que puede leer aquí, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE ‘lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas arbitrariamente entre los años 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a Springer Arteferro’.

El juez señala que estas ayudas ‘habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de las indemnizaciones por despido de 28 socios cooperativistas afectados’ por dos concretos ERE mediante la financiación de un seguro de rentas. En este sentido, resalta que, vinculado a uno de los ERE, se formalizaría una póliza de seguro colectivo de rentas de prejubilación para once ex trabajadores de la empresa con una determinada aseguradora figurando en la misma como tomador, ‘sin justificación alguna para ello’, la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO, representada por el sindicalista investigado, póliza de seguro donde presuntamente se incluyó a un ‘intruso’ -persona que no era trabajadora de la empresa y que no figuraba en la relación de afectados por el ERE-.

Según asevera el magistrado, ‘los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración empresarial de una sociedad de naturaleza privada, a lo que debe añadirse -cuestiones a las que no podían ser ajenos los investigados- las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora’.

‘En definitiva, y en todo caso, se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos carente de amparo normativo alguno y en franca contradicción con los principios generales que integran el Orden Público administrativo y financiero que articula la gestión y disposición del Patrimonio Público, en este caso, autonómico’, manifiesta el juez.

El instructor añade que los dos representantes de la empresa investigados, ‘gracias a la colaboración, asesoramiento e intermediación -principalmente- del dirigente sindical’ investigado, ‘se habrían concertado para conseguir la obtención ilícita’ de las ayudas con el correspondiente titular de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE.

El juez considera que las ayudas concedidas a Springer Arteferro ‘se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo ‘sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (…), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos’.

El otro sindicato de clase, la UGT, también está implicado hasta el fondo en el fraude los ERE falsos

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