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Amenazan a Moreno Bonilla por ceder los datos de los ‘ilegales’

Junta de Andalucía

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, con Juan Marín y Juanma Moreno se felicitan tras el debate sobre el Presupuesto en el Parlamento

125 organizaciones emprenderán acciones legales si la Administración presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla cede los datos de personas migrantes en situación irregular a la Policía

Un total de 125 organizaciones no gubernamentales (ONG) se han puesto de acuerdo para advertir a la Junta de Andalucía de que emprenderán “todas las vías administrativas y judiciales» a su alcance si sigue adelante con el acuerdo suscrito entre el Partido Popular, Ciudadanos y la fuerza ultraderechista, VOX por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y Guardia Civil de las personas inmigrantes en situación irregular.

Estas entidades han remitido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, una carta en la que le recuerdan «que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tienen derechos fundamentales” y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”. Por ello, le requieren para que “dé marcha atrás respecto al acuerdo firmado con VOX” y rechace expresamente la iniciativa.

La propuesta de cesión de datos a partir de ficheros sanitarios y sociales que permitiría la identificación, localización y posible expulsión de los «sin papeles» del España, se enmarca en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 firmado en junio y ratificado hace dos días por Partido Popular, Ciudadanos y VOX.

Algunas de las organizaciones firmantes ya anunciaron que el “acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes”. Ahora sostienen que la ratificación de aquel acuerdo “está más cerca de materializarse”.

En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de “convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular” que, a ojos de las ONG, “supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

En cuanto al contenido de dicho acuerdo, “se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal” que facilite la información sanitaria y social con “el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes”.

Según las ONGs andaluzas, el solo anuncio de esta medida “va a desanimar a los inmigrantes irregulares a acudir a los servicios sanitarios y sociales”. Explican que, como ya informó el Defensor del Pueblo Español (DPE) en julio de este mismo año, la institución “recibe incesantes quejas de sin papeles que, al acudir a denunciar haber sido víctimas de un delito, salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería» por, precisamente, no tener documentos.

Añaden las organizaciones que, por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos afirmó el pasado mes de enero que “desde los Colegios de Médicos de Andalucía se piensa solamente en mejorar la sanidad” y que se oponen a “identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político”, en un claro posicionamiento contra esta iniciativa.

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