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29 detenidos por el desvío de 2 millones para el «procés»

Salvador Esteve

Salvador Esteve es uno de los detenidos por la UDEF

Un juzgado de Barcelona investiga un entramado que desvió ayudas a la cooperación para financiar el proceso independentista

Los investigadores sospechan que el fraude podría alcanzar los 10 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido a 29 personas en el marco de la «operación Estela» impulsada por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción que investiga el desvío de un mínimo de 2 millones de euros que debían destinarse a subvencionar acciones para la cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia y que acabaron financiando el proceso independentista.

La investigación, que ha durado dos años durante los cuales se han examinado decenas de miles de documentos, rastrea un entramado mediante el cual varias entidades «lograron» subvenciones de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015 para financiar el «procés».

Uno de los arrestados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es el ex presidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve Figueras.

También ha sido detenido el que fue director y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells Masanés, que dimitió a mediados de 2015 a raíz de las informaciones que le acusaban de repartir más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro.

Las denuncias contra Castells Masanés, algunas anónimas, también llegaron desde la CUP y el sindicato CGT, que por aquellas fechas presentaron escrito ante la Oficina Antifraude de Cataluña denunciando irregularidades en pro de favorecer a empresas catalanas privadas a través de dinero público.

En el marco de la causa, que está declarada secreta, se han practicado 14 entradas y registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, además de en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, que, supuestamente, han sido favorecidas con más de dos millones de euros de dinero público destinados a la cooperación al desarrollo en terceros países.

Para ello se han desplegado cerca de 500 policías pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad Central de Ciberdelincuencia, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Intervención Policial  (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y GEO/GOES.

Entre las subvenciones irregulares destapadas destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon e IGMAN domiciliadas en la calle Fonollar, número 14, de Barcelona. Sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

La investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones no se llevaron a efecto.

Los análisis realizados por los investigadores revelan que el dinero de las subvenciones transitaba entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT para, finalmente, ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados. Para ello se crearon empresas con el único objetivo de cobrar subvenciones a cambio de informes que se copiaban literalmente de Internet y cuyo pago se justificaba con facturas falsas.

Además de Salvador Esteve y Jordi Castells han sido detenidos el actual alcalde de Tordera y diputado delegado de Hacienda de la Diputación, Joan Carles García Cañizares, el socio del actual parlamentario Francesc Dalmases Thio, y Víctor Terradellas Maré, quien fue secretario de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y presidente de la fundación CatMón, Víctor Terradellas.

A todos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

El Portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha anunciado que va a pedir inmediatamente a la Unión Europea que investigue si el gobierno catalán ha usado fondos comunitarios en los últimos años para financiar el proceso independentista, como se deduce de la «Operación Estela».

González Pons enviará una pregunta escrita a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, sobre este asunto.

«Sería gravísimo e inaceptable que fondos europeos se hubieran destinado a intentar romper España y por tanto también Europa, porque el proceso independentista no sólo pretende acabar con España tal y como la conocemos, sino también fragmentar Europa «, ha dicho González Pons en Riga, donde participa en la universidad de verano del European Ideas Network (EIN).

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