1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 5,00 de 5)
| Print This Post

El Parlament apoya a los CDR detenidos por terrorismo

Carlos Carrizosa

Carlos Carrizosa, de Cs, acusando a los independentistas de amenazar a los que no piensan como ellos (Foto: Parlament)

Bronca en el Parlamento catalán entre diputados independentistas y constitucionalistas por los miembros de los Comités de Defensa de la República enviados a prisión

El debate de política general en el Parlament finalizó ayer con una bronca entre los diputados independentistas y los constitucionalistas de Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PPC).

Todo empezó cuando se conoció que la Audiencia Nacional había decretado prisión provisional y sin fianza para siete de los nueves miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes por delitos de terrorismo.

En ese momento los cuatro diputados de la CUP abandonaron el hemiciclo en protesta por la decisión del juez Manuel García Castellón y los partidos independentistas pidieron suspender el pleno para aprobar una declaración en su apoyo y convocar de forma urgente la Junta de Portavoces.

Antes de eso se habían aprobado algunas de las 77 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Entre ellas las de los antisistema de la CUP, que apuestan por «la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos».

En el texto de una de esas proposiciones aprobadas se dice que «los Países Catalanes, y en particular Cataluña, viven hoy una situación excepcional» y que «a los problemas que afectan al conjunto de la humanidad, como la crisis ecológica y climática generada por el modelo de producción y de consumo del sistema económico vigente, el cual genera también grandes desigualdades sociales y económicas que se profundizan con cada proceso de recesión económica, Cataluña añade una crisis institucional propia, derivada de la crisis del Estado de las Autonomías, la rotura de su pacto constitucional a partir de la no aceptación de la última reforma estatutaria en Cataluña por parte del Tribunal constitucional». En definitiva, continúa, «la crisis institucional en Cataluña nace de la no aceptación del derecho a la autodeterminación y el autogobierno del pueblo de Cataluña por parte de las instituciones del Estado español».

En otra de las propuestas de los anticapitalistas se aboga por «una amnistía por los derechos civiles y políticos ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo en el primer gran juicio contra la autodeterminación, y en el marco de una situación de excepción en el uso de las leyes, instituciones judiciales y cuerpos policiales en contra de la disidencia por parte del Estado español».

Fueron aprobadas ambas por el Parlament, que se reafirmó «en la defensa del derecho a la autodeterminación» y subrayó que «este derecho debe estar necesariamente ligado a la defensa y la exigencia de una amnistía total»; «debe anular todas las causas judiciales impulsadas contra las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas, encarceladas o represaliadas por defender derechos políticos, sociales o civiles»; y tienen que articularse medidas para «reparar los daños sufridos por ellas y sus familias».

También se rechazó la última operación «represiva» desarrollada por la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional que acabó con la detención de 9 presuntos terroristas a los que llaman «activistas» y para los que exigen «su liberación inmediata y el archivo de la causa abierta contra ellas».

Esto terminó de indignar a los constitucionalistas de Cs y del PPC, que reprocharon las muestras de apoyo de los independentistas a quienes están acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García Castellón decretó ayer prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes en la Operación Judas por integrar una organización «jerarquizada» que pretende instaurar la república catalana por «cualquier vía, incluidas las violentas».

El magistrado envió a prisión a siete de ellos al entender que, a la luz de los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

La Fiscalía, por su parte, les acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O y de integrar un grupo de naturaleza terrorista que conspiran para cometer estragos y de tenencia ilícita de explosivos.

Fue en ese momento cuando los cuatro diputados de la CUP abandonaron el hemiciclo en protesta por la prisión decretada para los «activistas» catalanes. Y cuando los parlamentarios de Cs y del PPC protestaron por la situación creada en favor de los presuntos terroristas. Dimas Gregera acusó a los grupos separatistas de haber «superado todas las fronteras” al “criminalizar a los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad” por defender a los miembros de los CDR’s detenidos y acusados de terrorismo en vez de condenar los hechos.

Hay que destacar que en otra de las propuestas aprobadas ayer en la Cámara autonómica se aboga por «retirar a los agentes de la Guardia Civil desplegados en Cataluña».

En medio de la algarabía -los soberanistas defendiendo que el movimiento independentista es totalmente pacífico y los constitucionalistas pidiendo la aplicación del 155- el presiente del Parlament, Roger Torrent, expulsó del hemiciclo al portavoz de la formación naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, quien dijo no sentirse seguro ante las muestras de apoyo de la Cámara a la violencia separatista. Más tarde, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no «espere a que haya algún muerto» para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña.

El diputado «liberal» también pidió al PSC “que deje clara su posición”. Porque a todo esto los del Partido Socialista de Cataluña de Miquel Iceta se volvieron a situar entre las dos aguas, como casi siempre…

Tags: , , , ,