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«Urkullu también tiene un plan»

Iñigo Urkullu

Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno vasco

Análisis de Vicente de la Quintana Díez, colaborador de FAES

“Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison”. Ch. De Gaulle

“Una nación es… un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco.” P. Sánchez

Estos últimos años la crónica oficial ha estado muy ocupada registrando las evoluciones del secesionismo catalán. La perspectiva de una metástasis vasca era demasiado abrumadora como para corregir la visión complaciente de un PNV “serio” y un lehendakari “moderado”. Determinadas declaraciones se consideraban exutorios verbales, desahogos de aniversario; el PNV negociaba Presupuestos y se abstenía de convocar plebiscitos ilegales, ¿por qué pedir más?

Hasta que un buen día, mientras se cocina en Madrid la formación de un gobierno, rehén voluntario del independentismo catalán, en Vitoria se registra el borrador de un nuevo Estatuto.

La propuesta, elaborada por “expertos” designados por el PNV, el PSE y Podemos, aborda la autodeterminación, la bilateralidad y la ciudadanía diferenciada. Contiene votos particulares discrepantes, eso sí, para que los socialistas puedan alegar incomodidad y la izquierda transformadora vaya atemperando su discurso al feudalismo ambiente.

Como el artefacto chorrea inconstitucionalidad y 146 artículos no caben debajo de la alfombra, la crónica oficial admite que lo que está pasando en el País Vasco empieza a ser “preocupante”. ¿Empieza? Todo juicio político procura prevenir lo que se puede esperar o temer. Ya Dante advertía que “la flecha prevista viene más despacio”. La experiencia debiera favorecer la previsión. Y lo cierto es que nada de lo que ahora acapara titulares ha dejado de estar previsto, anunciado y escrito.

El PNV nunca bajó del monte del fracasado ‘Plan Ibarretxe’ para acampar en la llanura del autonomismo. Estaba dando un rodeo.

Festina lente: la marcha hacia el ‘nuevo estatus’

En 2013 el PNV, vuelto al poder, anunció la activación de un “nuevo estatus político” para Euskadi. La pretensión de modificar el actual Estatuto ya estaba incluida en su programa electoral de 2012. El Parlamento Vasco aprobó el 20 de febrero de 2014 la constitución de una ponencia de autogobierno para “actualizar” el Estatuto con el respaldo del PNV y el PSE.

La crónica oficial seguía alabando la seriedad del PNV y la moderación del lehendakari. Aunque en 2015 definiera ese nuevo estatus como un pacto bilateral entre Euskadi y el Estado, que reconociese el «carácter nacional» del País Vasco, incluyese una «división territorial» del poder judicial, política exterior vasca y la «institucionalización» de relaciones con Navarra.

En 2016 Urkullu acuñaba una expresión inédita: la “nación foral”. Con este término, pretendía elevar a categoría política la pretensión de conseguir una relación bilateral con el Gobierno de España que permitiese negociar inter pares cualquier aplicación en el País Vasco de la legislación básica del Estado.

El partido serio y su líder moderado llegan a 2018 a tiempo de acordar con EH Bildu el Preámbulo y un Título Preliminar para el nuevo Estatuto. También acuerdan una consulta ciudadana que, «aun no siendo jurídicamente vinculante, tendría un valor declarativo y habilitante esencial». Se celebraría justo después de que el Parlamento vasco aprobase el nuevo Estatuto y antes de que fuese remitido a Cortes “para darle mayor legitimidad social”. Esa consulta “habilitante” es, huelga decirlo, completamente ilegal: escapa al procedimiento de reforma estatutaria contemplado en el Estatuto de Guernica.

Ese año, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, mientras el PNV aprobaba en el Parlamento vasco una declaración denigratoria, Urkullu defendía una reforma constitucional por la puerta de atrás.

En una entrevista concedida a El País planteaba la vía de una “convención constitucional” que permitiese “interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución con relación a las realidades nacionales históricas” para poder “convivir desde los distintos sentimientos nacionales y los diferentes conceptos de soberanía que coexisten en el Estado y también en Europa”.

Eso de la “convención constitucional” se lo han debido contar a Urkullu algunos expertos poco formales para un partido tan “serio” como el PNV. Porque se trata de una institución de raigambre anglosajona aplicable a constituciones flexibles como la inglesa. El pequeño detalle de ser la de 1978 una Constitución escrita de naturaleza “rígida”, según la clasificación de Bryce, debe parecerles una minucia. Pero la idea se abrió camino porque le fue trasladada al presidente del gobierno en funciones. Urkullu le transmitió la necesidad de «explorar la vía de una convención constitucional que permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución».

Así llegamos a 2019. En la ponencia de autogobierno se propuso a una serie de expertos nombrados por los partidos formular un articulado que consiguiera aproximar posiciones. Al final, se han acabado presentando tres textos distintos: uno común –aunque recogiendo divergencias– de PNV, PSE y Podemos, y dos más de Bildu y PP. Examinamos el trabajo presentado por PNV, PSE y Podemos.

Un borrador para borrar España del País Vasco

El PNV propone incluir una Disposición Adicional Segunda en el nuevo Estatuto que establezca que «la plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

En el primer artículo, el PNV y Podemos coinciden en definir a los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava como “parte integrante de Euskal Herria”, y señalan que el Estatuto es “expresión de su identidad nacional”.

El borrador aspira a ser norma fundamental de una entidad innominada. Los signatarios no se ponen de acuerdo a la hora de designar al sujeto político al que se refiere su texto. El País Vasco deja de ser Comunidad Autónoma para convertirse en OPNI (objeto Político No Identificado). Al nuevo “sujeto jurídico político” podemos denominarlo, por comodidad, “la cosa”.

Pueden señalarse como características más relevantes de esta peculiar propuesta política las siguientes:

NO ES UNA REFORMA ESTATUTARIA, aunque formalmente se utilice el procedimiento establecido a tal fin. Lo que se inicia es una operación de mutación constitucional similar a la intentada en su día por el Estatut. Se pretende alterar la planta autonómica del Estado sin reforma constitucional; desde la iniciativa de una parte, provocando la transformación del todo.

ORGANIZA UN VÍNCULO DE NATURALEZA CONFEDERAL ESPAÑA-PAÍS VASCO. El texto articula una relación confederal entre “la cosa” y el Estado español. A eso, el PNV lo llama “concierto político”. En plata: la definitiva expulsión del Estado español del territorio vasco. Su carácter confederal se concreta estableciendo una Junta Arbitral paritaria con el Estado para eludir la potestad última del Tribunal Constitucional en la interpretación de la Constitución y el Estatuto. Como el ‘Plan Ibarretxe’.

POSTULA LA AUTODETERMINACIÓN en su disposición adicional segunda, pero se formula queriendo eludir los límites fijados por el TC en 2014, en su Sentencia sobre la declaración soberanista de enero de 2013 del Parlament. El PNV cree salvar una manifiesta inconstitucionalidad introduciendo la cláusula del “pacto con el Estado”, lo que permitiría una interpretación ambigua que consintiera no tener que reformar la Constitución para admitir la autodeterminación de un territorio.

El PNV ignora deliberadamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentada, precisamente, con ocasión de su anterior intentona: el ‘Plan Ibarretxe’.  La STC 103/2008, de 11 de septiembre, que resuelve el recurso del Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio (el ‘Plan’), afirma que “La Ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el “pueblo vasco”, titular de un “derecho a decidir” susceptible de ser “ejercitado” (…), equivalente al titular de la soberanía, el pueblo español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una nueva relación entre éste y una de las Comunidades Autónomas en las que se organiza. La identificación de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta, sin embargo, imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente”.

VASCOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA. Como en su día el ‘Plan Ibarretxe’, se recupera la distinción entre ciudadanos vascos y nacionales vascos y se quiere rebajar añadiendo: “sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra ni suponer factor de discriminación alguna”. Entonces, ¿por qué estatuir la diferencia?

LOS DERECHOS HISTÓRICOS O EL CONEJO EN LA CHISTERA. El borrador parte de la interpretación de unos Derechos Históricos fruto de una soberanía originaria anterior y superior a la Constitución. Su “actualización” consistiría en cualquier cosa que se le ocurriese a ese poder constituyente “anterior y superior”, de cuya voluntad es intérprete el PNV. Abreviando: “derechos históricos” serían lo que dijese el PNV.

Conforme a la doctrina del TC, los “derechos históricos” amparados por la Disposición Adicional Primera de la CE no son ninguna chistera de la que sacar cualquier conejo soberanista.  La STC 76/1988, se pronunció sobre su alcance y límites, aclarando que no es la Historia sino el Poder Constituyente español el que otorga validez y vigencia a los mencionados derechos. Y recientemente, la STC 124/2017, de 8 de noviembre, deja sentado que la Constitución no es «el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores» a ella, sino «norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores».

Pedro Sánchez y la subasta de naciones

Este atadijo de disparates ha sido defendido por el lehendakari en sede parlamentaria, confiando en que un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias “será propicio” para “encajar” su propuesta soberanista.

En 2014 se constituía la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco. Ese mismo año, Pedro Sánchez sostenía que Cataluña era “nación” y así debía recogerlo un nuevo texto constitucional.

En 2016 Pedro Sánchez bloqueaba la formación de un gobierno que acabaría apuntillado por el PNV. Ese mismo año, poco después de ser apartado de la secretaría general, defendía que “España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer». En 2019, el PNV está en disposición de tomarle la palabra.

Llegados a este punto, es cuestión de pura supervivencia nacional que los partidos leales a la Constitución comprendan la peculiar idiosincrasia de las formaciones nacionalistas; adviertan los efectos que en el sistema político español ha desplegado a lo largo de cuarenta años su influencia desmesurada; y obren, por fin, en consecuencia”.

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