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Gobierno, PSOE y C’s han de reflexionar sobre la estrategia a seguir en Cataluña

FAES

FAES ha publicado un nuevo Cuadernos

Editorial de FAES sobre la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Carles Puigdemont y la desnaturalización de la euroorden

«Hace pocos días la profesora Teresa Freixas se preguntaba cuánta violencia hay que soportar para poder hablar de rebelión, después de que el tribunal del estado alemán de Schlewig-Holstein rechazara este cargo  en el procedimiento de entrega de Carles Puigdemont.

La decisión del tribunal va más allá de una controversia jurídica sobre la calificación de penal porque significa un lamentable retroceso en la construcción y la consolidación de un espacio judicial común en el seno de la Unión Europea. Al entrar en la calificación del tipo penal de rebelión -como está haciendo con el cargo de malversación- la jurisdicción alemana no sólo incurre en un exceso sino que desnaturaliza la propia orden europea de detención y entrega (OEDE) convirtiéndola, de hecho, en un procedimiento de extradición convencional. En vez de afirmar el principio de confianza entre sistemas jurídicos y judiciales, como corresponde en una unión de Estados democráticos, se vuelve a una relación presidida por la desconfianza y con ella a la imposibilidad de desarrollar la cooperación que requiere la UE como espacio común. Como expresamente prevé la decisión-marco que regula la orden de entrega, los órganos jurisdiccionales del Estado de ejecución no deben entrar en la valoración de los elementos constitutivos del tipo penal por el que se pide la entrega ni en  la calificación de estos sino en si los hechos por los que se pide la entrega constituyen materia delictiva, en este caso en Alemania, lo que nadie parece discutir. Este episodio no sólo reclama que se agoten las posibilidades de remedio jurídico de la decisión de los jueces alemanes, sino que merece provocar una reflexión política en el seno de la Unión. España, que con el gobierno de José María Aznar impulsó la orden europea de entrega desde 1999 hasta su adopción en junio de 2002  y que ha actuado de acuerdo a sus exigencias de cooperación, tiene legitimidad política y autoridad moral para hacerlo.

Sin embargo las decisiones judiciales en Alemania no agotan la reflexión sobre la situación que se vive en Cataluña por efecto del desafío independentista. Porque el desarrollo de los procedimientos judiciales contra los dirigentes independentistas hace más evidente la brecha entre el tratamiento penal de sus actos y la posibilidad que se les ha dado de recuperar sus mandatos parlamentarios al convocarse elecciones para el pasado 21 de diciembre. El hecho de que para afrontar una rebelión se decidiera convocar elecciones a las que se presentan los rebeldes, aun en estado presunto, y que estos consigan la mayoría parlamentaria es un resultado que contiene elementos contradictorios, y por tanto, difíciles de explicar. Esta circunstancia facilita la estrategia de los independentistas para presentar a España como un país sospechoso o directamente carente de garantías legales y de libertades democráticas, que es precisamente el efecto contrario al que se podía pretender con la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución. En este sentido, el acuerdo entre el Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos del que resultó la decisión de la convocatoria electoral tiene un valor por sí mismo incuestionable al hacer visible el reagrupamiento del constitucionalismo ante la crisis provocada por los separatistas. Pero se trata de un acuerdo que, con la perspectiva del tiempo transcurrido, se puede considerar de mínimos, tardío y políticamente insuficiente para su objetivo de recuperar la normalidad en Cataluña.

La idea de un periodo de aplicación del artículo 155 de la Constitución antes de pensar en unas nuevas elecciones autonómicas fue evocada por el propio Gobierno antes de su decisión. Parece que esa idea se perdió en la negociación con el PSOE y Ciudadanos, lo cual resulta un precio muy alto tanto para exigirlo como para concederlo en aras del consenso. No debería ser imposible que esas tres partes, -Gobierno-PP, PSOE y C´s- reflexionen también sobre la estrategia a seguir cuando sabemos que el mejor escenario no siempre se da».