1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

El Gobierno no está en condiciones de defender el interés general

FAES

El nuevo número de ‘Cuadernos de Pensamiento Político’ sale a la venta esta semana

Editorial del nuevo número de la revista de la Fundación FAES, Cuadernos de Pensamiento Político

«Apenas han pasado 100 días y el Gobierno ya se resiente de las preguntas de los medios que le incomodan. Hablan de «cacería» los mismos que desalojaron al Partido Popular mediante una moción de censura apoyada por la coalición negativa de populistas de izquierda radical e independentistas con la excusa de una frase arrojada en una sentencia de la que falsamente se dijo que condenaba al PP por corrupción. Sus rectificaciones no han sido tropiezos de novatos sino el producto de la inconsistencia de sus decisiones. La temprana dimisión del ministro de Cultura marcó una senda por la que tuvo que discurrir la ministra de Sanidad y que enfilan otros miembros del Gobierno que, aun sin consumar su salida, muestran ya andares más que tambaleantes. Lo que ocurre es que un Gobierno, con aciertos y errores, representa y tiene como responsabilidad primaria la defensa del interés general de España, el cuidado de sus instituciones, la dirección política del país que la Constitución le encomienda. Y este Gobierno no está en condiciones de representar ni defender ese interés general.

Se lo impide su propia minoría de 84 escaños en el Congreso que solo amplía a costa de cesiones cuya factura la pagan las instituciones y la cohesión y el interés nacionales. Los ministros y altos cargos se turnan para interferir de manera cada vez más descarada en la independencia judicial pidiendo la puesta en libertad de los golpistas en prisión preventiva por la misma razón que la ministra de justicia trató como un asunto privado la demanda presentada en Bélgica contra el magistrado Pablo Llarena, cuando en realidad la demanda en cuestión era -es- un ataque en toda regla a la jurisdicción española dentro de la estrategia de defensa de los golpistas. El postureo típico de la izquierda ha causado una crisis comercial con Arabia Saudí que ha puesto en serio riesgo los contratos de construcción naval que mantienen la actividad y miles de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia. La política exterior yace en la retórica hueca desplegada por el presidente del Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que se ofrece es izquierdismo revenido («los ricos no pagan impuesto de la renta») e impostura moral («las bombas son inteligentes y no matan yemeníes») mientras los nacionalistas vascos y catalanes y Podemos hacen ostentación -justificada- de lo mucho que mandan, tanto como nunca habían mandado.

Un Gobierno que ha roto la unidad del constitucionalismo en el marco de la cual fue aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que exhibe su debilidad en cada rectificación, que trampea con la altura de sus supuestos listones éticos para que no tengan que dimitir más ministros y ministras, que en vez de dialogar con la oposición sobre el presupuesto y el déficit intenta despojar al Senado de su competencia, que cede al independentismo golpista la llave de la legislatura según este opte por el conflicto o la cooperación, en palabras de Sánchez, difícilmente puede hacer frente a los problemas esenciales que España debe resolver. Ahí está Cataluña.

El 1 de octubre deja sin base la pretendida «normalización» de la situación en Cataluña. Los más sensibles pueden taparse los oídos, pero hay que decir que un año después del referéndum fantasma, lo relevante ahora y para el futuro es que en Cataluña ha nacido la ‘kale borroka’ y cuenta con el aliento del presidente de la Generalidad. Pedir a los CDR que «aprieten más», teniendo en cuenta que los CDR no son un club de opinión, no puede interpretarse más que como una apelación a la violencia callejera que estos grupos han desplegado y que se consolida en la calles de Barcelona gracias en buena parte a la creencia -siempre desmentida, siempre falsa- de que se puede cabalgar el tigre, de que la violencia se puede administrar y que no deja de ser una forma «asumible» -en el lenguaje del ministro de Fomento- de aliviar la presión.

Continúa la siembra sectaria de los medios de comunicación públicos; se han vuelto a poner en funcionamiento las llamadas «embajadas» de Cataluña en el exterior, no precisamente para difundir el respeto a la Constitución ni el crédito de la instituciones; la policía autonómica es objeto de una dirección política que nada tiene que ver con ese supuesto acuerdo al que llegaron el ministro del Interior y el consejero de la Generalidad para garantizar «un espacio público neutral». El presidente de la Generalidad ha sido el primero en quebrar este espacio con sus llamamientos a la actuación de los grupos de violencia callejera. Desde luego, la respuesta del Estado no puede ser considerar a Torra un interlocutor válido. Ni tampoco debe seguir orillándose la consideración de los instrumentos constitucionales legítimos. No es verdad que haya que esperar a que se cometan delitos para activar el artículo 155 de la Constitución. Para prevenir los delitos está la policía y, para sancionarlos, los Tribunales. El supuesto de partida del artículo 155 es que una comunidad autónoma actúe «de forma que atente gravemente contra el interés general de España». El interés general de España que este Gobierno no está en condiciones de defender».

Tags: , , , , ,