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La juez Alaya vuelve a preimputar a Griñán y Chaves por los ERE falsos

Manuel Chaves

Chaves y Griñán vuelven a estar en el ojo del huracán de los ERE falsos

Les acusa de conocer las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis

La Guardia Civil registra durante más de 10 horas la sede de UGT en Andalucía

La Intervención General del Estado afirma que Griñán y Chaves no hicieron nada para frenar los ERE fraudulentos [1]

La juez Mercedes Alaya ha vuelto a preimputar en el caso de los ERE fraudulentos a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el auto redactado en contestación al dictado por la Audiencia de Sevilla el pasado 13 de diciembre [2] en el que la requería que motivara su auto del pasado 10 de septiembre en el que preimputó por primera vez a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a cinco ex consejeros de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila, todos ellos aforados.

Alaya acusa a Manuel Chaves y José Antonio Griñán de conocer las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis y describe a lo largo de su auto la «actuación continuada» en la concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas al margen de la ley por parte de los sucesivos gobiernos andaluces entre 2000 y el primer trimestre de 2011.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dice que entre 2000 y 2001, el expresidente Chaves, a propuesta de la entonces responsable de Hacienda, Magdalena Álvarez, dio el visto bueno a siete modificaciones presupuestarias, por un total de 93 millones de euros, que provocaron el uso indebido de este sistema.

Además, Alaya ha encargado a la Intervención General del Estado que informe sobre las funciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en la fiscalización de las ayudas sociolaborales de la Junta. Un informe que la juez considera de «especial relevancia», por lo que remite a la Intervención el informe del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de 5 de julio de 2012 sobre la fiscalización de las ayudas sociolaborales.

Por otro lado, la Guardia Civil registró durante más de diez horas, por orden de la juez Alaya, la sede de UGT de Andalucía y de tres empresas vinculadas a la organización, así como el despacho del que fuera asesor de la central, el ex alcalde socialista Manuel del Valle, en busca de datos que avalen el uso irregular del dinero recibido de la Administración regional para fondos de formación. Los agentes se llevaron cajas con documentación e hicieron copias de todos los ordenadores y servidores El secretario general en funciones del sindicato en Andalucía, Manuel Ferrer, lamenta la situación de «indefensión» que vive el sindicato, mientras el Partido Popular reclama a la Junta que se persone como acusación en la causa judicial.

Por último, Alaya ordenó ayer el ingreso en prisión de tres de los cinco detenidos en la segunda fase de la operación Madeja, en la que la magistrada investiga si Domingo Enrique Castaño, ex director del área de Vía Pública y ex asesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, recibió dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.