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El fraude de los ERE andaluces se eleva a 50 millones

Juez Alaya

La juez Alaya lleva la investigación

La juez ha ordenado esta madrugada el ingreso en prisión del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y del ex directivo de Vitalia Vida Antonio Albarracín

Ayer envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta andaluza Francisco Javier Guerrero

Rubalcaba pide al PP «un poquito de prudencia» en sus declaraciones sobre los ERE

Ya hay 22 detenidos y 82 imputados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eleva a más de 50 millones de euros la cantidad de fondos públicos de la Junta de Andalucía desviados a empresas consultoras y mediadoras de los ERE falsos. La investigación se centra ahora en analizar la información incautada en la llamada ‘operación Heracles‘. En los 13 registros realizados se han intervenido 82.000 euros fraccionados en sobres y la Guardia Civil analiza el «flujo irregular» de los fondos a través de diversos entramados de empresas instrumentalizadas para ese fin.

La juez Mercedes Alaya ha reconocido que el caso ha cambiado «radicalmente». Hasta ahora existía un «otorgamiento arbitrario de ayudas públicas» que «escandalosamente» se otorgaban a personas que no tenían derecho a ellas, «creándose así una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía«. Esto corresponde a los delitos que constaban en el sumario: cohecho, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Ahora, tras la documentación hallada en los registros, se ha descubierto «un sistema perfectamente establecido: la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, cuyo volumen se incrementa mientras más ayudas se otorguen».

La investigación apunta a que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, lideró el desvío de dinero procedente de los ERE fraudulentos, junto al «conseguidor» Juan Lanzas, ex dirigente de UGT en Andalucía, y Antonio Albarracín, directivo de la empresa consultora Vitalia, que tramitó la mayoría de los ERE. Guerrero pudo haber cobrado entre 249.000 y 547.000 euros, según diferentes cifras de los diarios, pagados a través de transferencias, algunas en la cuenta de su esposa, en cantidades inferiores a 3.000 euros para no levantar sospechas.

Tras la última operación, hay ya 22 detenidos y 82 imputados. La Fiscalía Anticorrupción había pedido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Antonio Albarracín, que declaró ayer por espacio de siete horas, y de Juan Lanzas, que se acogió su derecho a no declarar. En un auto dictado de madrugada la juez Alaya ha ordenado el ingreso en prisión de ambos. El ex consultor de Vitalia Jesús Bordallo salió en libertad con cargos tras cuatro horas de declaración. El ex subdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce quedó en libertad con cargos. Hoy continuará la declaración de los detenidos y la juez decidirá sobre el ingreso en prisión o no de Albarracín y Lanzas, cuyas declaraciones se prolongaron hasta entrada la madrugada.

El coordinador de IU en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, señaló ayer que su formación se replantearía el acuerdo de gobierno con el PSOE «si la Justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto encima de la mesa» y se «superasen los límites del compromiso de gobierno».

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, considera que el Gobierno andaluz se está «tambaleando» porque «cada paso que da la Justicia se acerca más a su presidente«. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, pidió a José Antonio Griñán que «deje de huir» de las responsabilidades políticas que, aseguró, «están ya en la puerta de su despacho».

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al PP «un poquito de prudencia» en sus declaraciones sobre los ERE de la Junta de Andalucía y no hablar de «lo que debería saber o no saber» el presidente andaluz.

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