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El decreto antidesahucios andaluz, al Constitucional

Susana Díaz

La consejera de Presidencia andaluza, Susana Díaz

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía. Lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes. Santamaría argumenta que el decreto «afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio de igualdad».

Antes de presentar el recurso, el Gobierno solicitará por vía de urgencia un informe al Consejo de Estado. Desde Andalucía, la consejera de Presidencia y más que posible sucesora de José Antonio Griñán al frente de la Junta, Susana Díaz, dice que le llama «poderosamente la atención la falta de sensibilidad del Gobierno ante el drama de los desahucios».

El recurso del Gobierno se apoya en los siguientes argumentos:

– Existe inconstitucionalidad por tratarse de un Decreto-Ley. El derecho a la propiedad es materia vedada a los Decretos-Leyes, según los artículos 53 y 86 de la Constitución Española, y corresponde al Estado la regulación del contenido esencial del derecho de propiedad y de los derechos y deberes básicos de los propietarios de acuerdo, con los artículos 81 y 149.1.1ª de la Constitución.

– Por su parte, la modificación del art. 53.1. establece una serie de sanciones a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado, sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar, cuando en nuestro ordenamiento no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad, lo que vulnera el art. 130.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de 1992.

– En cuanto a la disposición adicional recurrida, establece una discriminación arbitraria entre los propietarios de viviendas incursas en procedimientos de desahucio, pues sólo expropia el derecho de uso de la vivienda por tres años a entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y no al resto de propietarios que incurran en el mismo supuesto de hecho, vulnerando los arts. 14 y 9.3 de la Constitución Española.

El Tribunal Constitucional ya ha anulado este año decretos autonómicos por vulnerar el derecho a la igualdad de los españoles

Por si esto no fuera suficiente, el decreto antidesahucios andaluz también levantó la voz de alarma en Bruselas, que cree que la norma autonómica daña la estabilidad bancaria. Por eso, la Comisión Europea ha enviado una carta al Ministerio de Economía en la que indica que «no puede descartar» que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras para evitar los desahucios a familias en riesgo de exclusión social afecte negativamente a la estabilidad de la banca.

Según Bruselas, el decreto andaluz «ha creado incertidumbre sobre los derechos legales de los propietarios» de vivienda y la valoración de esos activos e hipotecas. «Esto podría hacer mucho más difícil la estabilización de los bancos españoles», advierte, y no descarta que lleve a «una caída en el valor de los activos», aumenten las dudas de los inversores y ponga en aprietos la actividad del Sareb. Asimismo, recuerda al Gobierno español que debe velar porque España recupere la estabilidad financiera y «evitar cualquier medida que pueda poner en peligro» este logro.

 

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