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Convergencia cobró 6 millones en comisiones a Ferrovial

Artur Mas

Artur Mas en una imagen reciente

CDC asegura que todo son meras elucubraciones y conjeturas

La oposición exige explicaciones a Mas

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled concluyó ayer que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en «comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial».

En un escrito enviado al juez que investiga el caso Palau, el fiscal considera que hay «indicios suficientes» de que CDC se financió de forma irregular y participó en una «trama de comisiones ilícitas» que permitió a Ferrovial «garantizarse un caudal de adjudicaciones públicas«.

El fiscal considera acreditado que, a través del Palau de la Música, con contactos a «alto nivel», quedó «articulado un pacto criminal estable» que se inició en 1999 y se prolongó hasta 2008-2009.

El fiscal presentó ayer en el juzgado el escrito en el que resume y da por concluida la investigación sobre el caso Palau y en el que solicita la transformación en procedimiento abreviado para la preparación del juicio oral contra el ex presidente del Palau Félix Millet, el ex director administrativo Jordi Montul, la ex directora financiera Gemma Montul y la exdirectora general Rosa Garicano y el extesorero de CDC Daniel Osácar.

Las comisiones, según el Ministerio Público, iban dirigidas a «personas con ascendencia política suficiente», sin identificar, como para «influir de forma determinante» en las adjudicaciones de obras. Se hicieron llegar «en forma disfrazada, sirviéndose de la estructura jurídica-financiera del Palau de la Música» y a través de «tres concretos mecanismos»: «entregas en efectivo» al tesorero del partido, «facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello en beneficio de CDC» y «convenios de colaboración meramente aparentes, suscritos con la Fundación Trías Fargas».

El pago de las comisiones, según Sánchez Ulled, se «fraccionaban en el tiempo» para «garantizar la estabilidad» del acuerdo, y admite que «no puede afirmarse» que las adjudicaciones de Ferrovial «resultaran claras y patentemente arbitrarias o irrazonables», pero que es «innegable» que la «influencia» ejercida en CDC era un «factor determinante». Las comisiones que pagaba la constructora eran del 4% de las adjudicaciones, del cual el 2,5% «se asignaba a CDC y un 1,5% a los intermediarios Millet y Montul, quienes a su vez se lo distribuían en un porcentaje del 80% y el 20%, respectivamente».

CDC ha emitido un comunicado en el que asegura que la relación «criminal» que plantea el fiscal con Ferrovial es «falsa» y no está acompañada de pruebas. La formación apunta que los 6,6 millones salen de «elucubraciones y meras conjeturas» y se comprometió a colaborar con la Justicia. Por su parte, Ferrovial asegura que sus relaciones con el Palau han correspondido «única y exclusivamente» a patrocinios».

La oposición ha pedido que sea el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien dé explicaciones. El portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, dice que se ha puesto en cuestión el «prestigio de la Generalitat»; Carme Chacón, que en el PSC están a la espera de que Mas dé explicaciones en el Parlament y desea que sobre él «caiga todo el peso de la ley». El portavoz adjunto del PPC, Santiago Rodríguez, confia en que ERC «no vete» la comparecencia de Mas y desde ERC se insiste en que CDC «saldrá a dar explicaciones al nivel y en el marco oportuno».

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