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Salvini baja un 80% la inmigración ilegal en el Mediterráneo central

Matteo Salvini

el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini

El primer ministro italiano quiere que la Unión Europea siga su plan de repatriación de migrantes

El Parlamento transalpino aprueba un decreto que impone multas de hasta un millón de euros a las ONG que rescaten migrantes y entren en sus aguas territoriales sin autorización gubernamental

En lo que va de año, unas 4.000 personas han salido desde el norte de África hacia Europa por la ruta del Mediterráneo central que conduce a Italia. La cifra es casi un 80% menor que la registrada en los primeros siete meses de 2018.

Los datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, confirman que las políticas sobre seguridad e inmigración puestas en marcha por el gobierno italiano desde junio de 2018 han servido para contener la inmigración ilegal. Tanto es así que el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, ha instado al primer ministro, Giuseppe Conte, a que presente su método de repatriación de inmigrantes como «un sistema válido» para ser exportado al resto de países de la Unión Europea (UE).

El Parlamento italiano aprobó el martes un decreto sobre seguridad e inmigración que impone multas de hasta un millón de euros para las ONG que lleven a cabo operativos de búsqueda y rescate de migrantes y entren en sus aguas territoriales sin la debida autorización gubernamental.

ACNUR advierte del efecto de la medida y ha pedido a Europa que llegue a un acuerdo sobre inmigración «que no ponga en peligro el futuro de las operaciones cuyo único objetivo es salvar vidas». La Agencia destaca que la decisión del Parlamento italiano llega precisamente cuando otros países europeos han suspendido las actividades de rescate de migrantes y refugiados en el mar.

«Con los cambios aprobados por el Parlamento, además de las multas de hasta un millón de euros las embarcaciones serán incautadas automáticamente», explicó el martes Charlie Yaxley, portavoz en Ginebra de ACNUR, quien añadió que no se debe criminalizar o estigmatizar «el compromiso y la conciencia humanitaria que motiva a las ONG a realizar estas actividades».

Asimismo, recalcó que no se debe pedir a los navíos comerciales o de ONG que desembarquen a las personas rescatadas en Libia o que las entreguen a la Guardia Costera de ese país, ya que la volátil situación de seguridad y el conflicto hacen de la nación norteafricana un sitio inviable para la seguridad de los migrantes y refugiados, que son confinados en centros de detención donde se producen graves violaciones de derechos humanos.

En este contexto, ACNUR urge a establecer un acuerdo temporal que permita desembarcar a las personas rescatadas en el mar y que reparta entre los diversos países la responsabilidad de acoger y responder a las necesidades específicas de los migrantes y refugiados.

El portavoz agregó que últimamente han ocurrido varias desgracias en el Mediterráneo y especificó que sólo en una de ellas habrían muerto 150 personas cerca de Al Khums, en la costa libia, el 25 de julio. En esa ocasión, los pescadores de la zona rescataron a más de 130 sobrevivientes que luego fueron devueltos a Libia por la Guardia Costera.

Mientras, el Open Arms sigue esperando entrar en algún puerto con las 120 personas rescatadas en aguas internacionales del Mediterráneo entre el jueves y el viernes pasados. La Guardia Costera italiana sí evacuó a dos mujeres embarazadas pero no ha autorizado la entrada de la Organización No Gubernamental en sus puertos. En España, los gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura ya se han ofrecido para acoger a parte de los inmigrantes pero el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha advertido que «es un problema europeo».

EFE informa de que Salvini ha acusado a la ONG española de usar los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo como «provocación política» y ha amenazado con requisar su barco si accede a un puerto italiano. «Open Arms lleva seis días en el Mediterráneo y ahora amenaza con entrar en Italia. Le habría dado tiempo a alcanzar España, el país de esta ONG, que ha dado bandera a su nave y donde algunos alcaldes están dispuestos a la acogida», ha dicho el líder de La Liga.

A todo esto, la UE está repartiendo tarjetas de débito entre los refugiados de Turquía en el mayor programa humanitario de la Unión Europea. Como suena. El país gobernado por Recep Tayyip Erdoğan es la nación con el mayor número de refugiados del mundo, más de 4 millones de sirios, iraquíes, afganos, iraníes y somalíes para los que la Unión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 127 millones de euros que se sumarán a la Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN) dotada con 1.125 millones de euros.

Christos Stylianides, Comisionado de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, explicó ayer que, en su afán de mantener los compromisos adquiridos con Turquía, la UE proporciona a los refugiados una tarjeta de débito especial «que solo se puede usar dentro de Turquía y cuyo uso se controla estrictamente».

El Fondo de la UE para los refugiados en Turquía se creó en 2015 y tiene un presupuesto total de 6.000 millones dividido en dos tramos iguales de 3.000 millones cada uno. De los 6.000 millones, se han asignado más de 5.600, 3.500 han sido contratados y más de 2.400 millones ya se han desembolsado en más de 80 proyectos ya implementados en colaboración con 21 organizaciones humanitarias y las autoridades turcas.

Con la financiación de la UE, más de 1,6 millones de refugiados reciben alrededor de 20 euros por persona al mes y ayudas trimestrales para satisfacer sus necesidades básicas, como el alquiler y la comida. Además, reciben educación, asistencia sanitaria y apoyo socioeconómico.

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