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Sacyr y Canal de Panamá, sin acuerdo por los sobrecostes de las obras

Obras ampliación Canal Panamá

No hay acuerdo con Panamá

El Gobierno de España prestó una contragarantía a través del Cesce por las obras

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio GUPC, liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, rompieron ayer las negociaciones sobre quién tiene que asumir los sobrecostes de las obras de ampliación del canal y se acusaron de haber sido inflexibles.

La ruptura fue anunciada por las constructoras, después de expirar el último plazo que se habían dado las partes para llegar a una solución. En un comunicado, el consorcio responsabilizó a la ACP del fracaso de los contactos, e informó que ya ha mandado una propuesta para «alcanzar un acuerdo y permitir que se complete el proyecto». Según el consorcio, se sigue buscando «una solución integral» y se invita «de nuevo» a la colaboración para la resolución del conflicto.

Por su parte, la ACP culpa de la falta de acuerdo a la «posición inflexible» del consorcio y le exige respetar el contrato y «reanudar» de inmediato las obras. «Nosotros no nos retiramos de la mesa», dijo el administrador de la ACP, Jorge Quijano, quien no descarta que pese al fin del plazo de las negociaciones, aún se pueda alcanzar un acuerdo. Quijano añadió que la ACP inicia ahora un proceso de análisis para decidir los pasos a seguir, y advirtió de que tienen capacidad financiera y técnica para asumir la obra y concluirla en 2015.

Quijano insiste en que el consorcio es responsable ante sus empleados y subcontratistas de haber suspendido la obra, y reitera que la ACP está abierta al diálogo, pero advierte de que no permitirán que se detenga por «un periodo excesivo. Tomaremos las acciones necesarias en el momento adecuado», sostuvo el administrador del Canal, que también afirmó que el «único argumento» que el consorcio ha mantenido durante la negociación han sido «los cuantiosos sobrecostes» y su solicitud de que la ACP le «ayudara a financiarlos».

Mientras, las empresas advierten de que están en peligro 10.000 puestos de trabajo y de que «sin una solución inmediata» las partes se «enfrentarán a años de disputas ante los tribunales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso». El consorcio señala que el proyecto ya tiene un avance de más del 70% y recuerda la necesidad de una financiación adicional de 1.600 millones de dólares para culminar la obra. «Esta es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma», defienden las empresas.

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, pidió ayer a la nación apoyar plenamente las decisiones de la Autoridad del Canal frente a la «irresponsabilidad» del consorcio a cargo de la ampliación. «Firman un contrato, hacen una licitación y después no cumplen. ¡Eso es inaudito!», declaró Martinelli.

Desde España, la ministra de Fomento, Ana Pastor, apela a la «responsabilidad de las partes», y advierte de que «lo peor sería que la obra no continuara». En todo caso, Pastor ha dejado claro que este conflicto no pone en duda la calidad de la ingeniería civil española, sino que se trata de un problema financiero. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó ayer que el Gobierno tratará de «minimizar» el impacto que tendría el desacuerdo final y el cese de las obras sobre las cuentas públicas, en referencia a la contragarantía prestada por el Cesce. También desde Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani pidió a las partes que «reconsideren sus posiciones».

Por último, la ruptura de negociaciones entre el consorcio GUPC y la Autoridad del Canal hizo que Sacyr liderara ayer las caídas del Ibex, con un 6,86%.

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