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Portugal se enfrenta a la troika y a una deuda de 78.000 millones

Passos Coelho y Cavaco Silva

Passos Coelho y Cavaco Silva (rtve)

Después de que  una sentencia del Tribunal  Constitucional anulase los recortes impuestos por el Gobierno portugués

El Gobierno portugués acusó ayer al Tribunal Constitucional de comprometer la estabilidad financiera del país al anular parte de los recortes incluidos en el rescate pactado con la UE. El jefe del Ejecutivo, el conservador Pedro Passos Coelho, mantuvo una reunión urgente con el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, al término de la cual no hubo ninguna declaración. El Ejecutivo manifestó su malestar con el Constitucional por la sentencia que le obliga a cuadrar 1.300 millones en las ajustadas cuentas de este año. En un comunicado, el secretario de Estado de Presidencia, Luis Marques Guedes, aseguró que el Gobierno «acepta pero no está de acuerdo» con las decisiones del tribunal.

Al cabo de tres horas de reunión en Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo luso expresó su desagrado con la anulación de cuatro de las normas de los Presupuestos del Estado porque considera que la decisión del Constitucional «no ha tenido en cuenta los esfuerzos realizados para que las medidas fuesen equilibradas» y cree que pone en duda la credibilidad del país. Además, critica el hecho de que la sentencia se haya conocido en vísperas de la reunión de los miembros del Ecofin en Berlín que, en teoría, iban a aprobar un alargamiento de los vencimientos de los pagos del préstamo de 78.000 millones de euros que Portugal solicitó a la troika en 2011.

La decisión del Tribunal Constitucional fue entendida por parte de la mayoría de los partidos como un freno a los recortes en las pagas extras a jubilados y funcionarios y luz verde a un ilimitado aumento de impuestos. Tras el fallo jurídico, tanto PSD como CDS-PP entienden que el único camino posible es recortar en el gasto público y en áreas como la sanidad y la educación. Los socialdemócratas se mostraron «perplejos» con la sentencia. «No tenemos margen de maniobra para las decisiones que tomamos, en la medida en que estamos condicionados por el memorándum de entendimiento y por los objetivos que fueron establecidos», según palabras de la dirigente Teresa Leal Coelho.

En España, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, pidió ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «tome nota del varapalo» sufrido por el Ejecutivo de Portugal tras la decisión del Constitucional de declarar ilegales varias de sus medidas de ajuste.

También el sindicato español en la función pública, CSIF, ha pedido al Gobierno de Rajoy que devuelva la paga de Navidad. El sindicato de funcionarios espera ahora que «los tribunales españoles también den la razón a los empleados públicos en las diferentes reclamaciones presentadas».

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