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Naciones Unidas publica una lista negra de empresas israelíes

Michele Bachelet

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet

La Organización de las Naciones Unidas vuelve a cubrirse de gloria tras rechazar el plan de paz para Israel y Palestina presentado por Donald Trump

La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, ha publicado una «lista negra» con las empresas de israelíes que viven en el barrio judío de Jerusalén y en otras áreas ubicadas más allá de la Línea Verde de 1949 que son reclamadas por israelíes y palestinos (los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Oriental).

Es algo sin precedentes en toda la historia de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta lista negra fue incluida en una resolución aprobada en marzo de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH). Fue en su 31 período de sesiones, cuando el Consejo adoptó la resolución 31/36 titulada «Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado». En ella solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos elaborar una base de datos de todas las empresas comerciales que «directa e indirectamente, permitieron, facilitaron y se beneficiaron de la construcción y el crecimiento de los asentamientos”.

La resolución fue presentada por Kuwait en nombre del Grupo Árabe (22 miembros) y Pakistán en nombre del Grupo Islámico (56 miembros), junto con Sudán, Venezuela, Argelia, Bahrein, Bolivia, Chad, Cuba, Djibuti, Ecuador, Egipto y Libia. Votaron a favor Bangladesh, Burundi, China, Congo, Costa de Marfil, El Salvador, Etiopía, Indonesia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, una organización que se dedica a «vigilar» a la propia ONU, asegura que todas estas «dictaduras propulsaron esta lista negra para desviar la atención de los abusos cometidos en algunos de los miembros del Consejo como Venezuela, Libia o la República Democrática del Congo».

Neuer defiende que “hacer negocios en territorios en disputa nunca ha estado prohibido por el derecho internacional, ni, hasta ahora, había sido objeto de una lista negra de la ONU». Sin ir más lejos, señala el director de UN Watch, la propia Unión Europea «ha estado haciendo negocios en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos y en Chipre del Norte ocupado por Turquía”.

“Curiosamente, de más de 100 disputas territoriales en el mundo hoy, incluyendo el Tíbet, Cachemira, Crimea, Sahara Occidental y Chipre del Norte, la ONU ha elegido hacer una única lista negra de las empresas que hacen negocios en los territorios en disputa de Israel”, ha reprochado Neuer.

“Lamentablemente, este es un ejemplo más de como los palestinos han secuestrado los organismos de la ONU para promover su agenda tendenciosa en favor del conflicto”, ha añadido el directivo de la organización humanitaria, que ha culpado a Bachelet de convertir su oficina en una herramienta de discriminación en favor del movimiento BDS anti-Israel, que señala únicamente al Estado judío».

Pero desde dentro de la ONU un relator especial, Michael Lynk, considera que muchos de esos asentamientos no serían sostenibles sin dichas inversiones y que «sin los asentamientos, la ocupación israelí de cinco décadas perdería su razón de ser”. (Otro estuvo en España 10 días y redactó un informe en el que asegura que «la pobreza es generalizada»).

Según Lynk, los asentamientos israelíes privan a los palestinos del territorio para cimentar un Estados genuino y económicamente viable. Por ello ve con beneplácito la publicación de la lista de 112 empresas que operan en las colonias israelíes en Cisjordania, afirmando que es un paso inicial importante hacia la rendición de cuentas y el fin de la impunidad.

Para Lynk los 240 asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado son una “violación flagrante según el derecho internacional” y por ello han sido condenados repetidamente por la comunidad internacional.

“Con los asentamientos, miles de hectáreas de territorio palestino han sido expropiadas, miles de viviendas y propiedades palestinas han sido destruidas, cientos de miles de palestinos han sido desplazados, los recursos naturales son confiscados y la libertad de movimiento es coartada, además de que se socava la base territorial para un Estado palestino genuino y una economía viable”, ha apuntado.

Lynk asevera que esas colonias son sustentadas por la actividad económica de numerosas compañías israelíes y extranjeras. “Sin esas inversiones, las licorerías, fábricas, los acuerdos corporativos de suministro y compra, las operaciones bancarias y los servicios de apoyo, muchos de los asentamientos no serían sostenibles financiera y operacionalmente. Y sin los asentamientos, la ocupación israelí de cinco décadas perdería su razón de ser”, ha puntualizado el relator.

La lista revela que, si bien la gran mayoría son israelíes, también hay grandes corporaciones de Estados Unidos, Holanda, Francia y el Reino Unido, así como una de Tailandia y una de Luxemburgo. Entre ellas hay algunas  conocidas, como Motorola Solutions, General Mills, Alstom, Airbnb, Trip Advisor, Booking o Expedia.

Lynk ha indicado que cada año se exportan a los mercados internacionales cientos de millones de dólares de bienes producidos en los asentamientos israelíes. Y eso sostiene su viabilidad e invalida los pronunciamientos internacionales en su contra.

Para acabar con esta situación el relator «independiente» ha instado a los Estados miembros de la ONU a promulgar leyes nacionales que prohíban la importación de bienes producidos en los asentamientos israelíes. “En vista de que los asentamientos civiles en los territorios ocupados son clasificados como un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma de 1998, es imperativo que los Estados acepten su responsabilidad internacional y pongan fin a esas fuentes de violación de los derechos humanos”, ha enfatizado.

Este relator especial parece no contar con un aspecto importante que apuntan desde Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Esta lista negra «también podría afectar negativamente el sustento de las poblaciones árabes y judías en Judea y Samaria, que incluye a más de 36.000 palestinos empleados por empresas israelíes, que proveen a cientos de miles de sus familiares e inyectan unos 300 millones anuales a la economía palestina».

Hay un último dato interesante: En la actualidad hay en Israel casi dos millones de ciudadanos árabes que participan en las elecciones y tienen a sus propios representantes en la Knéset. Mientras, en Cisjordania y la Franja de Gaza, los palestinos no van a elecciones desde que en enero de 2005 Mahmoud Abbas fue elegido para un mandato de cuatro años…

El paso de Michele Bachelet por la ONU está siendo como poco polémico

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