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Los 28 alcanzan una posición común para devolver refugiados a Turquía

UE

Las redes sociales desvelan los acuerdos en segundos…

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirma que el Reglamento Dublín III permite a un Estado miembro devolver a un solicitante de asilo a un país de fuera de la Unión si se trata de un país tercero seguro

Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer una posición común sobre el acuerdo que pretenden sellar hoy con Turquía para la devolución de refugiados desde Grecia.

Fue el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, quien en un mensaje a través de Twitter, adelantó que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentará hoy al primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, la posición de la Unión.

Las primeras informaciones señalan que los dirigentes europeos consideran buena la propuesta de Turquía del pasado día 7 [1] para frenar la inmigración irregular mediante devoluciones desde las islas griegas, pero también que debe hacerse acorde a Derecho, esto es, de forma individualizada.

En este sentido, se ha fortalecido el patrón conocido como «1 por 1», es decir, la acogida de un sirio en la UE por cada nacional de ese país devuelto a Turquía.

Respecto a la petición de Ankara de adelantar a finales de junio la liberalización de visados, la canciller alemana, Angela Merkel, apuntó que Turquía tendrá que asumir cambios jurídicos para la protección internacional de refugiados. Sobre la petición de 3.000 millones de euros adicionales que pide Turquía, dijo que existe disposición a proporcionar más financiación, pero que «cómo se formulará» se verá en la reunión de hoy.

Por su parte, el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, considera que se han dado avances «capitales» para lograr un acuerdo entre la UE y Turquía que haga frente al problema de los refugiados respetando sin duda alguna la legalidad internacional.

En declaraciones a los periodistas al término de la primera jornada de la cumbre europea, Rajoy aseguró que ha defendido la posición consensuada por el Parlamento español [2], y recalcó que pidió explícitamente que cualquier decisión que se adopte sea conforme a la legalidad internacional.

Mariano Rajoy señaló que la UE ha acordado apoyar a Grecia y que, a petición de FRONTEX, España enviará funcionarios al país heleno para ayudar en la crisis de los refugiados, ya que «tenemos gente muy especializada en esos temas». Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha comentado que, en la reunión, se ha dado «mucha importancia» a los acuerdos de readmisión porque «son básicos para una política ordenada, sensata y razonable en materia de inmigración».

Por otro lado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó ayer que la legislación comunitaria -el Reglamento Dublín III- permite a un Estado miembro devolver a un solicitante de asilo a un país de fuera de la UE si se trata de un país tercero seguro, con independencia de que se trate del Estado miembro responsable de tramitar la solicitud o de otro Estado miembro.

El Tribunal con sede en Luxemburgo dictaminó así en el caso de Shiraz Baig Mirza, un nacional paquistaní, que entró ilegalmente en territorio húngaro procedente de Serbia en agosto de 2015. El 7 de agosto de 2015 presentó una primera solicitud de protección internacional en Hungría. Durante el procedimiento, Mirza abandonó el lugar de residencia que le habían asignado las autoridades húngaras. Mediante resolución de 9 de octubre de 2015, las referidas autoridades suspendieron el examen de la solicitud por considerar que el solicitante la había retirado implícitamente.

El inmigrante fue arrestado posteriormente en la República Checa cuando trataba de llegar a Austria. Las autoridades checas solicitaron a Hungría que readmitiese al interesado, a lo que Hungría accedió. Entonces, Mirza presentó una segunda solicitud de protección internacional en Hungría. El 19 de noviembre de 2015, las autoridades húngaras declararon inadmisible esta solicitud, sin examinarla en cuanto al fondo, estimando que Serbia debía calificarse de país tercero seguro en el caso del solicitante.

Mirza interpuso recurso contra dicha resolución ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Debrecen, Hungría, que elevó consulta al Tribunal de Justicia, que señala, ante todo, que el derecho a enviar a un solicitante de protección internacional a un país tercero seguro también puede ser ejercido por un Estado miembro después de que éste haya reconocido ser responsable, en virtud del Reglamento Dublín III  y en el marco del procedimiento de readmisión, del examen de una solicitud de protección internacional presentada por un solicitante que ha abandonado dicho Estado miembro antes de que se haya adoptado una decisión en cuanto al fondo sobre su primera solicitud de protección internacional.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que, en el contexto del procedimiento de readmisión de un solicitante de protección internacional, el Reglamento Dublín III no obliga al Estado miembro responsable (Hungría) a informar al Estado miembro que procede al traslado (la República Checa) del contenido de su normativa nacional en materia de envío de solicitantes a países terceros seguros o de su práctica administrativa en la materia.

Asimismo, el Tribunal destaca que la falta de comunicación sobre estas cuestiones entre los dos Estados afectados no vulnera el derecho del solicitante a la tutela judicial efectiva frente a la decisión de traslado y frente a la resolución adoptada sobre la solicitud de protección internacional, tal como se garantiza en Derecho de la Unión.

Por último, los jueces europeos declaran que, en una situación como la del presente asunto, el derecho del solicitante de protección internacional a obtener una decisión final sobre su solicitud, bien en el marco del procedimiento que fue suspendido, o bien en un nuevo procedimiento que no debe considerarse referido a una solicitud posterior, no supone privar al Estado miembro responsable de la posibilidad de declarar inadmisible la solicitud, ni obligarle a reanudar el examen de ésta en una fase procedimental concreta.