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Las cifras sobre Venezuela que maneja la OEA impresionan

Luis Almagro

Luis Almagro, secretario general de la OEA

La Organización de los Estados Americanos discute si echar de su seno al país gobernado por Nicolás Maduro por falta de democracia

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el uruguayo Luis Leonardo Almagro, ha pedido hoy ante el Consejo Permanente del organismo que se aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

Almagro, que ha basado su petición en las circunstancias actuales que vive el país caribeño gobernado por Nicolás Maduro, cree que existe una grave alteración del orden constitucional en la república bolivariana.

Pero lo que impresiona son las cifras que ha aportado durante la presentación de su informe. Estas son algunas de ellas:

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra en niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

La inflación ha llegado a 720%. El PIB disminuirá un 8% más en 2016. La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo. El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. Desde que Maduro llegó al Gobierno el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes, menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013. Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población se enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país y Venezuela, que debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región, es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia.

La escasez de alimentos alcanzó el 82,8% en enero de este año. Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo. En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación. Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo la expropiación o nacionalización de los productores de café, azucareros, de arroz y pasta, de la principal compañía distribuidora de semillas, del principal productor de lácteos, de más de 10.000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros, de los productores de harina de maíz y de aceites.

La escasez provocada por el Gobierno ha dado lugar a una economía de mercado informal o «negro» de productos regulados. Por ello, el 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Según los cálculos de la OEA, un venezolano necesita 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia. Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad son comunes y la única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies por encima del nivel necesario para que las turbinas funcionen. Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana. Y la falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela se enfrenta a serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas. Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas. Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento. La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud. El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para «atender la crisis humanitaria en salud». Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud pero el 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada. La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable. Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país. Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos. Sólo en un día más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se produjeron al menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones en protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno ocurren todos los días y en algunas de ellas se han producido muertes. Es más, la falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos. La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100.000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100.000 personas. En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura. La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente. Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias. No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

Además, en los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte. Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil. El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno. Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional desveló que el Gobierno se ha gastado 69.000 millones de dólares en corrupción. Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza de las ciudadanía. Un 75% de los venezolanos considera que hay corrupción generalizada. El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias. Y los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva. La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico. Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”. Y cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva. El enero de 2015, Maduro autorizó explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas, algo que contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos. Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos, todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela. Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas. Otras 94 están en la cárcel, entre ellos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela. Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra no es democrático. Venezuela no es un Estado democrático y hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

Las evidencias son claras. Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas. Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

El Tribunal Supremo ha determinado, además, limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno; eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo; impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente; declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad; bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman «las protestas violentas».

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo. La actividad del Tribunal Supremo se ha disparado. Entre febrero y marzo de 2016, sus fallos han pasado de 2 a 252.

Todo esto demuestra la falta de independencia del poder judicial, que ha sido secuestrado por el Ejecutivo. Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

En cuanto al revocatorio implantado en 1999 por el entonces presidente Hugo Chávez como un vehículo para asegurar la «democracia participativa y protagonista». El mismo Chávez superó uno en agosto de 2004, cuando el 59,1% de los venezolanos votó en contra de su destitución.

En cambio, Maduro ha obstruido el que en la actualidad quiere poner en marcha la Asamblea Nacional. El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio. Cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV, lo que pone en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, el secretario general de la OEA considera imperativo la celebración del referendo revocatorio en 2016, la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

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