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La UE prorroga un año las sanciones por la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol

Donald Tusk

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (Foto: EC)

Ningún europeo podrá hacer inversiones en los territorios «ilegalmente» ocupados

Este 19 de junio de 2017, el Consejo Europeo ha prorrogado las medidas restrictivas que desde marzo de 2014 impuso en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. El pasado 13 de marzo de 2017 el Consejo prorrogó estas medidas hasta el 15 de septiembre de 2017. Y ahora las prorrogan un año más.

Las medidas se aplican a las personas físicas de la UE y a las empresas con sede en la UE. Se limitan al territorio de Crimea y Sebastopol.

Las sanciones incluyen la prohibición importar productos originarios de Crimea o Sebastopol a la UE; invertir en Crimea y Sebastopol, en el sentido de que ninguna empresa europea o con base en la UE puede comprar bienes inmuebles o entidades en Crimea, financiar empresas de Crimea ni prestar servicios conexos.

Además, los servicios turísticos en Crimea y Sebastopol, en particular los cruceros europeos no pueden hacer escala en la península de Crimea, excepto en caso de emergencia.

También se prohíbe la exportación de determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o para ser utilizados en Crimea en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, y en relación con la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. Tampoco puede prestarse asistencia técnica, ni servicios de corretaje, construcción o ingeniería relacionados con la infraestructura en estos sectores.

Tal como se recoge en la declaración en nombre de la UE de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 17 de marzo de 2017, la UE sigue condenando la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por la Federación de Rusia y seguirá comprometida con la plena ejecución de su política de no reconocimiento.

Para la Unión se trata de una violación del Derecho internacional, que representa un desafío directo a la seguridad internacional, con graves implicaciones para el orden jurídico internacional que protege la unidad y la soberanía de todos los Estados.

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