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La ONU duda si España respeta los derechos humanos de los presos

UPR

La Revisión Periódica Universal (UPR) sobre España está señalada en el calendario de la ONU

La ANC y la UNPO ‘informan’ a la ONU sobre la falta de derechos humanos en España

Fomento del Trabajo denuncia la campaña de boicot organizada por la ANC contra empresas «no independentistas»

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Organización de las Naciones y Pueblos No-representados (UNPO) han registrado un informe para la Revisión Periódica Universal (UPR) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Como representantes de la sociedad civil, la ANC, con el apoyo de la UNPO, ha elaborado un informe sobre «el declive en España de los derechos recogidos en la Declaración Universal de derechos Humanos y más específicamente sobre la violación de los derechos civiles y políticos del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos». Ambos tratados señalan los independentistas están firmados y ratificados por España.

La UPR es un mecanismo creado por la ONU para vigilar si los Estados miembros cumplen sus obligaciones en relación al respeto por los derechos fundamentales.

El plenario con las revisiones formales tendrá lugar en enero de 2020, cuando se reúne el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La revisión de la situación en España se revisará el miércoles 22 de enero. Es entonces cuando España deberá responder sobre las conclusiones a las que llegue el Consejo.

El documento elaborado por la ANC y el UNPO hace hincapié «en la persecución de los representantes políticos de la minoría nacional catalana en España y de los activistas independentistas así como de otros ámbitos, incluido el mundo de la cultura».

El informe se centra en las vulneraciones que se están produciendo «en cuanto al derecho a un juicio justo, el derecho a reunión y manifestación, el derecho de participación pública, el derecho a la lengua y la cultura, y el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluida la prohibición de detención arbitraria», entre otros.

En relación a este último, en el informe se pide la implementación inmediata «de la reciente petición hecha al gobierno español por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en Detenciones Arbitrarias de liberar a los presos políticos catalanes Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa».

La Asamblea Nacional Catalana es el «organismo» presidido por Elisenda Paluzie al que Fomento del Trabajo, la patronal catalana, ha denunciado ante la Autoridad Catalana de la Competencia por iniciar una campaña de boicot contra empresas «no independentistas». Foment considera que la ANC está incurriendo en una conducta anti competitiva prohibida con su campaña «Consumo Estratégico», en la que se «estimula» el consumo de productos de empresas «comprometidas con la república catalana».

Este «boicot ideológico» a las «otras empresas catalanas» no fue rechazado por el Parlamento de Cataluña cuando el Partido Popular de Cataluña (PPC) presentó una moción en el Pleno para frenarlo.

Durante la presentación de la moción y la subsiguiente interpelación al Govern sobre la industria y la inversión en Cataluña, el portavoz del PPC, Santi Rodríguez, apuntó que «el peso de la industria catalana en el conjunto de la economía catalana en 2017 era del 19,2% y en 2018 18,9%». También destacó, en cuanto las exportaciones de 2018, que «por primera vez desde 2011 han sufrido un retroceso del 1,1%». Asimismo, destacó que «la producción industrial cae un 3,4% mientras la inversión en el sector está estancada en el 0,4% en Cataluña, mientras que en el conjunto de España crece al 10,8%».

En opinión del diputado «todo esto se traduce en una pérdida de puestos de trabajo, que los populares estiman en 15.000 empleos menos respecto al año 2018.

Santi Rodríguez explicó que la bajada del sector industrial tiene, «según los expertos, dos orígenes: uno de coyuntura europea y el otro de origen autóctono». En este sentido, sentenció que «la tensión política no favorece las políticas de crecimiento económico». Y por ello la moción del PPC pedía «rechazar firmemente el boicot a las empresas catalanas». Pero el Parlament rechazó cualquier «crítica» a las decisiones de la ANC y tumbó la moción popular.

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