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La ONU crea una comisión especial para Venezuela

ONU

España no ha apoyado esta resolución…

Tendrá como misión investigar violaciones de derechos humanos en el país gobernado por Nicolás Maduro

El gallinero en el que se ha convertido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer crear una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.

Fue a solicitud del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) y tan solo un día después de aprobar otra resolución en la que se había pasado de puntillas por la situación real que se vive en Venezuela, donde se pasa hambre aguda como en Sudán del Sur o Etiopía y donde se han cometido crímenes de lesa humanidad. Esto último lo ha documentado Amnistía Internacional, la organización que ha llegado a loar los «éxitos» del castrismo cubano

La propuesta de resolución aprobada ayer, impulsada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay. La misión tiene como objetivo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 «con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

En la misma resolución, además, el Consejo condena enérgicamente «todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas» en Venezuela. También “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.

Los miembros de la misión que durará un año serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos y tendrán que presentar sus conclusiones durante el 45 período de sesiones.

El órgano cifra en 6.000 personas los muertos desde enero de 2018 a manos de las fuerzas de seguridad y señala que, según la información analizada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.

Además, deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado, “que aceleran la erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso”.

El Consejo de Derechos Humanos insta a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”. Especialmente, pide la libertad de 27 detenidos “señalados como casos prioritarios” por la Alta Comisionada.

El órgano internacional expresa asimismo “gran preocupación por la grave crisis económica y social” que sufre Venezuela, donde padecen malnutrición por lo menos 3,7 millones de personas, y donde se «discrimina» a parte de la población «por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales”.

También preocupa la salud debido a la escasez generalizada de vacunas y medicamentos, así como el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas (paludismo, dengue, fiebre chikungunya y zika), entre ellas enfermedades prevenibles mediante vacunación, y de que aumente el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

En relación con la libertad de opinión y expresión, el documento condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales. Además, deplora la denegación sistemática de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a la verdad, la justicia y la reparación.

Con respecto a los migrantes y refugiados, el Consejo de Derechos Humanos recuerda que cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y deplora los obstáculos «administrativos» con los que se topan aquellos que quieren «huir», a quienes la Administración bolivariana les niega legalizar sus documentos. Las extorsiones son algo habitual entre estas personas.

En este sentido, la resolución insta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo y lo intensifique para que los Estados anfitriones puedan responder a las necesidades crecientes de los venezolanos en movimiento, en particular las necesidades específicas de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

Tras esta nueva resolución, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «chantajear» a mandatarios de otros países para «agredir» a Venezuela». Y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, presentó a la República Bolivariana de Venezuela como una víctima de las sanciones de los EEUU, país del que aseguró está preparando junto a Colombia una intervención armada.

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