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La OEA denuncia un auto golpe de Estado en Venezuela

Nicolás Maduro

El presidente caribeño Nicolás Maduro

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirma «que aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado»

Nicolás Maduro ha dado un auto golpe de Estado en Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país ha dictado dos decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y se atribuye las funciones de la propia Asamblea.

El pasado día 27, el TSJ declaró la inconstitucionalidad de varios acuerdos legislativos tomados por la Asamblea, en manos de la oposición.

El tribunal controlado por Maduro calificó como acto de traición a la patria y un desacato a sus sentencias la incorporación a la Cámara de tres diputados opositores a pesar de haber sido inhabilitados por el Supremo.

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, dijo ayer desde la sede del Parlamento que el Gobierno venezolano ha dado un «golpe de Estado» a través del Supremo, al tiempo que advirtió de que los diputados opositores no acatarán la decisión. Borges, que rompió la sentencia y la calificó de «basura», pidió «al mundo que nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado».

Desde la OEA acusan al TSJ, que ha declarado la «invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional», de violar la separación de poderes que la propia Constitución exige a todos los jueces, que deben «asegurar su integridad».

En su última decisión, el TSJ advierte «que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, asegura que las dos sentencias del TSJ son los últimos golpes con los que el régimen de Maduro subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia.

Almagro recuerda al régimen de Maduro que las normas internacionales regionales y universales a las que Venezuela se ha adherido reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del estado de derecho.

«La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo», advierte Almagro, que añade que es «hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela». Porque, asevera, «callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política.

El secretario general de la OEA afirma que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.

A la OEA la respaldan los dirigentes de Perú, Chile, Brasil y Argentina. Fuentes del Gobierno peruano anunciaron la retirada definitiva de su embajador en Venezuela, además de señalar que han iniciado consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es «inaceptable» lo que sucede en el país.

También la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, convocó a su embajador en Caracas a «informar» sobre la situación. En la misma línea, desde Brasil se repudió la sentencia que ha suspendido «arbitrariamente» la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la «preocupante situación» conjuntamente con todos los países de la región.

Por último, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a «recomponer el orden democrático» e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los «presos políticos».

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