1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

En España no hay libertad de estiba según la Justicia europea

CNT

Los paros en la estiba cuestan millones de euros (CNT)

La multa a España por incumplir los tratados europeos está encima de la mesa

Los estibadores siguen parando los puertos españoles. Este jueves se reúnen con la patronal

Fomento cifra en 12 millones diarios el coste de cada jornada de paro en las radas españolas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este miércoles una sentencia en la que declara que España ha incumplido las obligaciones del artículo 49 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), que consagra la libertad de establecimiento en el sector de la estiba.

En su sentencia sobre la gestión de los estibadores y la manipulación de mercancías, los jueces europeos recuerdan que la Comisión interpuso en 2013 un recurso contra España por considerar que la normativa española en materia de gestión de los trabajadores destinados a la prestación del servicio de manipulación de mercancías era contraria a la libertad de establecimiento consagrada en el citado 49 del TFUE.

En España, las prestaciones de servicios en los puertos estatales son competencia de la Administración General del Estado. Esta competencia es ejercida por el Ministerio de Fomento mediante un sistema portuario público en el que se integran los puertos del Estado y las autoridades portuarias.

El servicio de manipulación de mercancías (que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías) está incluido entre los servicios portuarios en virtud de la Ley de Puertos del Estado (texto refundido de 2011).

La Ley determina que la prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo, en principio, por la iniciativa privada, rigiéndose por la libre competencia. Para la prestación de dichos servicios -que tienen el carácter de obligación de servicio público- es necesaria la obtención de una licencia, otorgada por la Autoridad Portuaria.

La Ley de Puertos prevé además que, en los puertos de interés general, podrán constituirse sociedades anónimas mercantiles privadas (denominadas «Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios» [SAGEP]), cuya finalidad es poner trabajadores a disposición de sus accionistas.

Las SAGEPs contratan a los trabajadores y se los proporcionan a sus accionistas para cubrir las necesidades derivadas de las actividades y de las tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su plantilla debido a la irregularidad de la mano de obra necesaria para realizar dichas actividades y tareas. Las citadas sociedades se encargan además de la formación continua de los trabajadores con el fin de garantizar la profesionalidad en el desarrollo de las actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías.

La Ley de Puertos, por una parte, obliga a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles de interés general a inscribirse en una SAGEP y, en su caso, a participar en el capital de ésta y, por otra, no les permite recurrir al mercado para contratar su propio personal -ya sea de forma permanente o temporal- a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes.

La Comisión sostiene que, aunque no sea directa o indirectamente discriminatorio, este régimen constituye una restricción a la libertad de establecimiento. Expone que, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras a participar en la SAGEP del puerto español de interés general de que se trate, a participar financieramente en su capital y a contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a su disposición por dicha sociedad, el régimen portuario español impone a las empresas estibadoras obligaciones contrarias al artículo 49 TFUE.

La Comisión observa que las empresas estibadoras establecidas en otros Estados miembros que deseen prestar servicios portuarios de manipulación de mercancías en un puerto español de interés general tendrán que reunir los recursos financieros suficientes para participar en la SAGEP correspondiente y, en todo caso, contratar trabajadores de la propia SAGEP en condiciones que escapan a su control (incluido un número mínimo y obligatorio de trabajadores de la SAGEP que han de contratarse de forma permanente).

Entre dichas condiciones figura, especialmente, el precio que han de pagar a la SAGEP por emplear a esos trabajadores. La Comisión añade que el régimen portuario español prevé que en todos los puertos de interés general estará presente una SAGEP y que las SAGEP deberán mantener en plantilla a los trabajadores de las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico y de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba constituidas de conformidad con la legislación nacional anterior.

Según la Comisión, estas obligaciones obligan a las empresas estibadoras extranjeras a modificar sus plantillas, sus estructuras de empleo y sus políticas de contratación. Alega que el régimen portuario español impide a las empresas estibadoras seleccionar libremente a su personal y mantenerlo en plantilla, ya que las obliga, además, a contratar un personal que no necesitan realmente. La Comisión añade que las consecuencias financieras y las perturbaciones del funcionamiento ocasionadas por esas modificaciones pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento en los puertos españoles de interés general para las empresas estibadoras de otros Estados miembros.

España alega que la Comisión no demostró la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento, algo que niega el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo que, en su sentencia de hoy, insiste en que el incumplimiento español deriva de la imposición a las empresas de otros Estados miembros que quieran manipular mercancías en los puertos españoles de las dos obligaciones citadas: Inscribirse en una SAGEP y, en su caso, participar en el capital de ésta; y contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha SAGEP, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.

El Tribunal de Justicia señala que, aunque las mencionadas obligaciones se apliquen tanto a los operadores establecidos en España como a los procedentes de otros Estados miembros, pueden impedir a estos últimos establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías. El Tribunal de Justicia indica que, como alega la Comisión, esas obligaciones fuerzan a las empresas estibadoras extranjeras a llevar a cabo una adaptación que puede tener consecuencias financieras y producir perturbaciones en su funcionamiento, hasta el punto de disuadirlas de establecerse en los puertos españoles de interés general.

España justifica la restricción a la libertad de establecimiento principalmente por dos razones:

– El servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio.

– Dicha restricción es necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, que constituye una razón imperiosa de interés general.

El Tribunal de Justicia señala que la protección de los trabajadores figura entre las razones imperiosas de interés general que pueden justificar restricciones a la libertad de establecimiento pero objeta que el hecho de que el régimen portuario español persiga un objetivo legítimo no es suficiente para justificar válidamente la restricción que impone. Para poder ser aceptada, una restricción debe ser indispensable para garantizar la consecución del objetivo legítimo que persigue. Es decir, es necesario que el resultado buscado no pueda conseguirse mediante normas menos rigurosas.

El Tribunal de Justicia considera que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada.

En este sentido, el Tribunal de Justicia destaca que España no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas en relación con los objetivos perseguidos. Observa asimismo que existen medidas menos restrictivas e idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores.

Indica que, por ejemplo, como sugiere la Comisión, (i) podría determinarse que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores, o (ii) podría crearse una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras.

La Comisión Europea solicita que se imponga a España, por una parte, una multa coercitiva de 134.107 euros al día desde que se dicte sentencia en el asunto de doble incumplimiento hasta que se dé ejecución a la primera sentencia (la dictada en 2014). Y por otra parte, el pago de una cantidad de 27.522 euros por cada día en que haya persistido la infracción, desde la fecha en que se dictó la sentencia hasta la fecha en que España haya adoptado, en su caso, las medidas necesarias para la ejecución a dicha sentencia, si se comprueba que dicha adopción se ha producido antes de que se pronuncie la sentencia en el asunto sobre doble incumplimiento.

Si, en cambio, la primera sentencia no ha sido plenamente ejecutada antes de que se resuelva sobre el doble incumplimiento, se seguirá multiplicando por los días que transcurran hasta que se dicte sentencia sobre éste, es decir, hasta el 13 de julio de 2017.

Los estibadores se reúne con la Patronal este jueves para buscar una solución a este problema que tanto dinero cuesta a todos los españoles. Esta es la última propuesta enviada por ANESCO a los trabajadores.

En la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ven en la convocatoria una respuesta a la posición de la mayoría de las empresas del sector que se han mostrado favorables a firmar un acuerdo que incorpore la obligación de subrogación de trabajadores. Claro que lo han hecho para que sus mercancías no queden varadas en las radas.

Los sindicatos, en respuesta a esta llamada de la Patronal, han pedido a los trabajadores que no ejerzan su derecho a huelga el día 29 pero dejan en suspenso el paro de los días 30 de junio y 3, 4, 6 y 7 de julio, en función del resultado de la misma.

Tags: , , , , , , ,