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La Justicia europea anula el acuerdo pesquero UE-Marruecos

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El Sáhara Occidental es dueño de su propio territorio (Google Maps)

Por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes

El Parlamento Europeo rechazó llevar ante la Justicia este contencioso

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Melchior Wathelet ha dictaminado este miércoles que el acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos en 2006 no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes.

Según el letrado, al firmar dicho acuerdo pesquero, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio.

El Sáhara Occidental es un territorio del noroeste africano que limita con Marruecos al norte, con Argelia al nordeste, con Mauritania al este y al sur y con el Atlántico al oeste. En la actualidad, la mayoría del Sáhara Occidental está ocupada por Marruecos, que lo considera parte integral de su territorio. Una parte más pequeña y situada al este está bajo el control del Frente Polisario, movimiento que busca la independencia de todo el Sáhara Occidental.

Western Sahara Campaign (WSC), una organización de voluntariado existente en el Reino Unido y cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, alegó ante la Justicia del Reino Unido que el acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental.

WSC estima que las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sáhara Occidental que van certificados como productos originarios del Reino de Marruecos. También cuestionan que las autoridades británicas puedan otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, puesto que el acuerdo prevé que los barcos de pesca de la Unión pueden llevar a cabo en ciertas condiciones actividades pesqueras en los caladeros marroquíes.

Es la primera vez que se cuestiona en los juzgados los acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

En las conclusiones que ha presentado hoy Melchior Wathelet acepta la posibilidad de que asociaciones como Western Sahara Campaign puedan poner en tela de juicio el Acuerdo de pesca; y que el acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental.

En primer lugar, el abogado general señala que, hasta la fecha, el pueblo del Sáhara Occidental se ha visto privado incluso de la ocasión de ejercer el derecho a la libre determinación en las condiciones previstas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así pues, el Sáhara Occidental fue integrado en el Reino de Marruecos por anexión y sin que el pueblo del territorio expresara con libertad su voluntad. Como el Acuerdo de pesca fue celebrado por Marruecos basándose en la integración unilateral del Sáhara Occidental en su territorio y en la afirmación de que era su soberano, el pueblo saharaui no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales, que es a lo que obliga el derecho a la libre determinación. Por ese motivo, la explotación pesquera, por parte de la Unión, de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, que fue instaurada y aplicada por los actos impugnados, no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Habida cuenta de que la afirmación por Marruecos de su soberanía en el Sáhara Occidental se deriva de la vulneración del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, Wathelet llega a la conclusión de que la Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo mencionado y su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación. Por ello, y en la medida en que se aplican al territorio del Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes al mismo, el Acuerdo de pesca y los actos que lo aprobaron y aplicaron son incompatibles con las disposiciones de los Tratados que obligan a la Unión a que su acción externa proteja los derechos humanos y respete estrictamente el Derecho internacional.

Asimismo, el letrado considera que la condición de Marruecos de “potencia administradora de facto” o potencia ocupante del Sáhara Occidental no basta para justificar la celebración del Acuerdo de pesca. Por un lado, el concepto de potencia administradora de facto no existe en Derecho internacional. Por otro, Marruecos es la potencia ocupante del Sáhara Occidental, pero la forma de la que se celebró el acuerdo de pesca no es conforme con las normas de Derecho internacional humanitario que son de aplicación a la celebración por parte de las potencias ocupantes de acuerdos internacionales aplicables a los territorios ocupados.

En segundo lugar, el abogado constata que la mayoría de la explotación prevista por el acuerdo de pesca recae casi en exclusiva sobre las aguas adyacentes al Sáhara Occidental (puesto que las capturas efectuadas en dichas aguas suponen aproximadamente el 91,5 % del total de capturas de la explotación pesquera que instaura el Acuerdo de pesca).

De ello se deduce que la contrapartida financiera abonada por la Unión a Marruecos por el acuerdo de pesca debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara Occidental.

Ahora bien, según Melchior Wathelet, el acuerdo de pesca no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental.

En ese sentido, el acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional humanitario que son de aplicación a la celebración de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de la Unión de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dichos principio y normas y de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de esa situación.

Por todos esos motivos, concluye que el acuerdo de pesca UE-Marruecos no es válido.

Esta sentencia sigue el mismo hilo conductor que otra dictada el pasado 21 de diciembre de 2016 por el  TJUE ante el que se sustanciaba en casación un recurso directo que enfrentaba al Frente Polisario y al Consejo de la Unión Europea. En esa ocasión, el tribunal declaró que el Acuerdo de Asociación de 1996 y el Acuerdo de liberalización de 2012 sobre productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca que habían celebrado la UE y Marruecos no se aplicaban al Sáhara Occidental.

El Acuerdo pesquero UE-Marruecos afecta a 120 barcos, 90 españoles, con un volumen de captura de 80.000 toneladas y que genera el 22% del empleo pesquero de la UE. La española es la flota más importante de la Unión en términos de capacidad con el 23,6% del total.

Marruecos impidió a la flota europea pescar en sus caladeros en 2012

El acuerdo de liberalización de 2012 provocó graves pérdidas a los agricultores españoles

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