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La Fiscalía española aprueba una extradición pedida por Alemania

Julián Sánchez Melgar

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar

Informa a favor de una euroorden solicitada por el país teutón

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este martes favorablemente sobre una orden europea de detención cursada por las autoridades alemanas sobre un ciudadano británico reclamado por presuntos delitos de contrabando y evasión fiscal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, “respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual”.

Esta afirmación de la Fiscalía española se contrapone a la decisión del juez de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que el pasado 5 de marzo decretó la libertad del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reclamado por el Tribunal Supremo español, que le acusa de un delito de rebelión, entre otros.

Con motivo de esa decisión, la Fiscalía General del Estado español emitió un comunicado en el que ponía de “manifiesto que la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo”.

En este sentido, recordó el ministerio público español que, según las leyes de la Unión Europea, “la entrega -de un reclamado- podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo”.

Por eso esperaba la Fiscalía General del Estado “que la decisión de fondo del Tribunal -alemán- respete los principios dimanantes del sistema de la orden europea de detención”, algo que no sucedió.

En cualquier caso, la Fiscalía estudia la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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