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La CE multa a España por penalizar los activos en el extranjero

En su paquete de procedimientos de infracción de junio

La Comisión Europea (CE) ha emprendido acciones legales contra varios Estados miembros que no cumplen el Derecho de la Unión Europea (UE).

Entre esos Estados está España a la que la Comisión ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes que no tributan por los activos que poseen en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE).

En la actualidad, España exige que los contribuyentes residentes notifiquen mediante el modelo 720 los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. No presentar esta información a tiempo y en su totalidad implica sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

La Comisión considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Además, pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único.

En realidad, la CE entiende que estas leyes entran en conflicto con libertades fundamentales de la UE, como como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

La Comisión Europea abrió el procedimiento de infracción a España en noviembre de 2015, cuando emplazó al Ejecutivo español de Mariano Rajoy a revertir la situación siguiendo el dictamen motivado que se emitió en febrero de 2017. Pero dado que España aún no ha cumplido, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el TJUE.

Por otra parte, la Comisión ha pedido a veintiocho Estados miembros que cumplan las normas de la UE en materia de servicios.

Las autoridades europeas quieren que estos Estados mejoren sus ventanillas únicas y proporcionen este tipo de atención fácilmente accesible para los prestadores de servicios y los profesionales. Las ventanillas únicas contribuyen a un mercado único moderno para las empresas, que precisan acceder fácilmente a la información que necesitan y completar los procedimientos administrativos en línea.

De conformidad con la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE), los Estados miembros deben establecer ventanillas únicas para ayudar a que los prestadores de servicios y los profesionales superen la burocracia administrativa del acceso a la actividad de prestación de servicios. Estas ventanillas únicas son muy importantes para la libre circulación de servicios en el mercado único.

Y según las cartas de emplazamiento, España, además de otros 27 Estados, mantiene deficiencias en este aspecto. Desde problemas relacionados con la disponibilidad en línea y la calidad de la información hasta dificultades para el acceso y la finalización de procedimientos para usuarios transfronterizos, pasando por la identificación electrónica.

Los Estados miembros disponen de dos meses para responder a la Comisión, que podría optar por enviar un dictamen motivado si no recibe respuesta satisfactoria.

Por último, la Comisión ha emplazado a doce Estados miembros (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Rumanía) a transponer las normas de la UE sobre facturación electrónica en la contratación pública (Directiva 2014/55/UE).

Las autoridades públicas que llevan a cabo actividades de contratación pública en la UE ya deberían haber cumplido la norma europea y tener capacidad para recibir y tramitar facturas electrónicas.

Garantizar los pagos de las empresas y facilitar que éstas gestionen sus contratos en cualquier Estado miembro aumenta el atractivo de la contratación pública para las empresas, defienden desde Bruselas, que ha invertido ya más de 33 millones de euros en subvenciones para impulsar la facturación electrónica.

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