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EEUU sanciona a importantes miembros de la Corte Penal Internacional

Fatou Bensouda

La fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda

La ONU expresa su preocupación por las sanciones a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y al jefe de la División de Jurisdicción, Phakiso Mochochoko

EEUU les acusa de intentar someter a los estadounidenses a su jurisdicción cuando no ha ratificado el Estatuto de Roma

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) de intentar ‘ilegítimamente’ someter a los estadounidenses a su jurisdicción. En este sentido, anunció sanciones contra la fiscal de la Corte Fatou Bensouda, el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación, Phakiso Mochochoko, y contra quien colabore con ellos.

Estas medidas llegan después de que a principios de junio el presidente norteamericano, Donald Trump, firmase una orden ejecutiva para ‘bloquear propiedades de algunas de las personas asociadas a la CPI’, fundada en 2004.

Junto a Rusia y China, EEUU es uno de los pocos países del mundo que no se ha adherido a la jurisdicción del CPI, que ahora investiga si las fuerzas estadounidenses han cometido crímenes de guerra en Afganistán.

De acuerdo con sus estatutos la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya (Países Bajos), tiene como fin acabar con la impunidad por la comisión de los crímenes contra la humanidad. Tiene carácter jurídico internacional y se le supone independencia e imparcialidad… En la actualidad ya son 123 los países que han ratificado el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras su ratificación por 60 países, entre ellos España.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado su preocupación por la decisión de la Administración Trump y confía en que cualquier restricción impuesta se implemente de manera coherente con las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Nueva York.

La CPI está compuesta por una Presidencia, integrada  por tres magistrados; la División Judicial con tres secciones (Casos Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones) a cargo de 18 jueces; la Oficina del Fiscal y el Registro. Actualmente ostenta el cargo de presidente el juez Chile Eboe-Osuji, de Nigeria, y el de fiscal, Fatou Bensouda, de Gambia. Aproximadamente 700 personas de 90 países trabajan para la Corte, que cuenta con 6 oficinas sobre el terreno.

La primera condena emitida por la CPI fue en 2012 y declaró culpable a Thomas Lubanga.