1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 5,00 de 5)
| Print This Post

España no aprueba en protección de derechos de propiedad

IIDP 2019

Índice global de derechos de propiedad 2019

Según informe sobre el Índice de Derecho de Propiedad 2019 elaborado por la Property Rights Alliance

El derecho a a propiedad privada es el pilar fundamental en el que se basa la prosperidad social.

Los derechos de propiedad constituyen uno de los factores que más influyen positivamente en la evolución del Producto Nacional Bruto per cápita y su adecuada protección se identifica como uno de los factores que más aportan al desarrollo económico de un país.

España no está bien situada en el ranking de los países que mejor protegen la propiedad, según el Índice de Derecho de Propiedad (IIDP) 2019, elaborado por la Property Rights Alliance y publicado por el Instituto de Estudios Económicos.

Entre los países de la OCDE el líder del IIDP este año es Finlandia, con una nota de 8,8 puntos. También destacan los resultados cosechados por Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Austria o el Reino Unido, que obtienen una calificación superior a los 8 puntos.

Analizando la posición relativa de España dentro de las economías de la OCDE, se observa que aparece en el puesto 27 del índice, con una calificación de apenas 6,5 puntos sobre 10. La nota cosechada en 2019 confirma el estancamiento en la última década, puesto que apenas se han producido mejoras en la protección de los derechos de propiedad y, de hecho, la calificación de 2019 es ligeramente inferior a la registrada antes de la crisis.

Entre las quince economías mejor clasificadas figuran también Suiza (8,6), Nueva Zelanda (8,5), Australia (8,4), Japón (8,3), Suecia (8,3), Noruega (8,3), Luxemburgo (8,3), Países Bajos (8,3), Canadá (8,3), Estados Unidos (8,2), Dinamarca (8,2), Austria (8,1), Reino Unido (8,0) y Alemania (7,9).

Resulta curioso comprobar que los quince países con mejor calificación en 2019 son los mismos que lograban esta distinción en 2018, aunque sus calificaciones han variado. España ocupa el puesto 27 (6,5) sobre un total de 36 países OCDE.

En lo referido al entorno legal y político de cada uno de los mercados analizados, el mejor resultado es para Nueva Zelanda (8,9), seguido de Finlandia (8,8), Suiza (8,6), Noruega (8,6), Luxemburgo (8,5), Dinamarca (8,4), Canadá (8,4), Países Bajos (8,3), Suecia (8,3), Australia (8,2), Islandia (8,1), Japón (8), Austria (7,9), Irlanda (7,9) y Reino Unido (7,8). España recala en el puesto 28 (6).

En el pilar centrado en estudiar la protección de la propiedad privada, los países líderes son Nueva Zelanda (8,7), Suiza (8,4), Finlandia (8,4), Estados Unidos (8,3), Japón (8,3), Australia (8,3), Canadá (8,3), Noruega (8,3), Suecia (8,2), Luxemburgo (8,1), Islandia (8), Países Bajos (7,9), Austria (7,9), Reino Unido (7,9) y Dinamarca (7,9). España aparece en el puesto 29 (6,6).

El cuanto a la protección de la propiedad intelectual el país de referencia es Finlandia (8,9), seguido de Estados Unidos (8,8), Suiza (8,7), Australia (8,7), Japón (8,6), Países Bajos (8,6), Reino Unido (8,5), Austria (8,4), Suecia (8,4), Alemania (8,3), Dinamarca (8,2), Bélgica (8,2), Luxemburgo (8,2), Canadá (8,1) y Noruega (8,0). España aparece en el puesto 25 (6,7).

España aparece en el puesto 36 del índice mundial, a la par con Lituania y Chipre. Obtiene 6,4 puntos sobre 10 como nota general. Esta calificación es suficiente para figurar en la zona media-alta del ranking global, pero sitúa a España en las posiciones de cola de la OCDE (puesto 27 de 36 mercados).

España recibe un 6 en la medición referida al entorno legal y político (LP), mientras que en la protección de la propiedad física (PF) obtiene 6,6 puntos y en la salvaguardia de la propiedad intelectual (PI) se anota 6,7 puntos. En estos tres subíndices, España aparece en el puesto 41, 55 y 29 del ranking mundial y en los números 28, 29 y 25 de la clasificación de la OCDE.

La evolución de España en el IIDP ha sido, cuando menos, decepcionante. Desde que el proyecto se inauguró en 2007 no se han producido avances significativos y, de hecho, la calificación recibida en 2019 (6,5) es inferior a la de 2007 (6,6). La parálisis refleja que una peor protección de los derechos de propiedad redunda también en un peor desempeño socioeconómico.

IIDP 2019

Evolución de España en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad

La estrecha vinculación entre la existencia de unos derechos de propiedad bien protegidos y el progreso económico y social queda reflejado, también, al separar los 129 países estudiados en cinco grupos en función de la calificación obtenida, pues se observa que el quintil superior (el 20% con mejor resultado) tiene un PIB per cápita superior a los 57.000 dólares, mientras que el quintil inferior (20% con peor resultado) no llega a los 4.000 dólares.

La protección efectiva del derecho de propiedad exige también el respeto al principio de no confiscación en materia tributaria, como límite al ejercicio del poder normativo y a la progresividad del sistema tributario, y se apoya también en los principios constitucionales de capacidad contributiva e igualdad.

El artículo 31 de la Constitución Española exige que la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos se realice a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Sin embargo, el sistema tributario español puede contravenir este principio. Por ejemplo, persiste el Impuesto sobre el Patrimonio, prácticamente desaparecido de los ordenamientos tributarios de otros países, a pesar de que la Comisión de Expertos para la reforma fiscal, en el Informe de 2014, proponía su supresión formal y definitiva, ya que, en la práctica, se ha convertido en un gravamen adicional sobre la riqueza inmobiliaria, redundante con el resto de los existentes, y que, en un entorno de rendimientos decrecientes, puede tener carácter confiscatorio por superar los tipos impositivos (conjuntamente con el resto de impuestos sobre la propiedad) el rendimiento medio de los activos que gravan.

Este efecto se ve con claridad en el sistema español, cuyos tipos máximos (2,5% a nivel estatal o 3,75% en Extremadura) podían ser adecuados cuando se estableció el tributo, en los años 70, en un contexto de altos tipos de interés e inflación (superiores al 20%), pero que son desproporcionados en la actualidad, con tipos de interés en niveles cercanos al 0% e inflaciones reducidas, pudiendo ser confiscatorios.

IIDP 2019

El entorno legal y político de la propiedad en España

El Impuesto sobre el Patrimonio, que fue creado con carácter censal, ha dejado de tener sentido tras el avance en los medios informáticos de control a disposición de la Administración.

Asimismo, el diseño del tributo puede provocar que la suma del Impuesto sobre el Patrimonio supere el 100% de la renta. Por mucho menos, los Tribunales Constitucionales alemán y francés lo han considerado inconstitucional. Este supuesto se manifiesta en España cuando el mínimo de tributación del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio supera el importe de la renta sujeta a gravamen en IRPF o, lo que es lo mismo, cuando no funciona el límite conjunto de que la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio y la cuota del lRPF no supere el 60% de la base imponible del IRPF, lo que la doctrina ha denominado el escudo fiscal.

A su vez, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) existe una clara vulneración del principio de no confiscación en materia tributaria, puesto que es un tributo que fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada. En concreto, la escala progresiva de gravamen unida a la aplicación de los coeficientes multiplicadores en función del parentesco y el patrimonio preexistente puede llevar el tipo marginal del ISD en España al 81,6.

En el Impuesto sobre Sociedades también existen algunos supuestos donde debe tenerse presente el principio de no confiscación como, por ejemplo, la doble tributación derivada de la distribución de dividendos a personas físicas que ya han sido gravados por el Impuesto sobre Sociedades y luego por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en los dividendos percibidos por Sociedades en los supuestos en los que no se produce la eliminación total de la doble imposición mediante el método de exención total.

En general, el Impuesto sobre Sociedades se puede volver confiscatorio cuando se tributa por bases imponibles superiores al resultado contable o económico, como sucede cuando se limitan la deducibilidad de los gastos financieros o se tributa por la reversión de provisiones deducidas en el pasado al margen de que las mismas deban mantenerse contablemente en balance.

Tras analizar 129 países, el IIDP arroja en la acualidad una nota global media de 5,8 sobre 10 puntos. Por categorías, la referida al entorno legal y político (LP) obtiene la nota más baja de todas (5,1), mientras que el resguardo de la propiedad física (PF) recibe la mejor calificación (6,4) y la protección de la propiedad intelectual (PI) aparece en una zona intermedia (5,5).

Tags: , , , , , , ,