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España colabora con la dictadura venezolana

Arancha González Laya

La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya (Foto: Moncloa)

Ante la creación del nuevo Consejo Electoral de Venezuela

Para España el hecho de que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela cuente entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil es un primer paso para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes en el país.

Es la postura adoptada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ante el último movimiento del régimen de Nicolás Maduro para proyectar una imagen de ‘apertura’ entre la comunidad internacional.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arancha González Laya España se muestra dispuesta ‘a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país’.

Un gesto que la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de ‘colaboracionista’. El organismo presidido por el ex canciller uruguayo Luis Almagro ‘rechaza y condena’ la designación de un nuevo CNE por parte de ‘una Asamblea Nacional ilegítima’. Para la OEA ‘estas acciones de la dictadura son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado’.

El Consejo Permanente de la OEA rechazó en una resolución aprobada el 9 de diciembre de 2020 –tres meses después de publicarse un informe de la ONU que acreditaba crímenes de lesa humanidad en Venezuela– las elecciones fraudulentas celebradas en el país caribeño el 6 de diciembre de 2020. En aquel texto la OEA no reconoció los resultados de aquellos comicios por no haber sido libres ni justos de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.

‘Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara’, añade la OEA que, asimismo, condena las acciones de aquellos integrantes de la comunidad internacional -como España- que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. ‘Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país’, concluye la organización panamericana.

La posición de España respecto a Venezuela contrasta también con las sanciones aprobadas por la Unión Europea el pasado mes de febrero

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