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El TJUE sentencia que los países deben obligar a registrar la jornada laboral

Torno

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En plena implantación en España del registro obligatorio de la jornada laboral, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este martes una sentencia en la que advierte que los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo precisa que corresponde a cada país definir los criterios para la aplicación de este sistema, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

la Justicia europea resuelve así un asunto elevado a los tribunales por  Comisiones Obreras (CCOO), que interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso con objeto de obligar a Deutsche Bank aestablecer un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza su plantilla.

El sindicato consideraba que este sistema permitiría comprobar el cumplimiento de los horarios de trabajo pactados y de la obligación de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente. Según CCOO, la obligación de establecer ese sistema de registro no deriva sólo de la normativa nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y de la Directiva relativa al tiempo de trabajo.

Deutsche Bank sostenía que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende que el Derecho español no establece esa obligación con carácter general. Según los abogados del banco, la normativa española únicamente exige, salvo pacto en contrario, que se lleve un registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores y que, al final de cada mes, se comunique a los trabajadores y a sus representantes el número de horas extraordinarias efectuadas.

La Audiencia Nacional planteó una pregunta al TJUE al respecto, teniendo en cuenta que el 53,7% de las horas extraordinarias trabajadas en España no se registran; y que la interpretación de la ley adoptada por el Tribunal Supremo priva a los trabajadores de un medio probatorio esencial para demostrar que su jornada laboral ha superado la duración máxima del tiempo de trabajo.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal europeo declara que no es legal no imponer a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

«Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido», reclama el Tribunal de Justicia, que recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, por lo que es necesario impedir que el empresario pueda restringirle sus derechos.

El Tribunal observa que sin un sistema que permita computar la jornada laboral no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo ni el número de horas extraordinarias, lo que dificulta que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos. Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no obligue a utilizar un mecanismo que permita comprobarlo no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva.

«En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos».

En consecuencia, terminan los magistrados, «los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador». Siempre, puntualiza «teniendo en cuenta las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño».

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