1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 5,00 de 5)
| Print This Post

España, obligada a indemnizar a los etarras que atentaron en la T4

TEDH

Vista de la sede del TEDH de Estrasburgo (AI)

Igor Portu y Martín Sarasola Yarzábal Juanenea fueron condenados en mayo de 2010 como autores del atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de 30 de diciembre de 2006

Igor Portu (1978) y Martín Sarasola Yarzábal Juanenea (1977) serán indemnizados por el Estado español por haber sufrido un trato inhumano y degradante.

Los dos etarras, actualmente en Córdoba y Jaén, son los terroristas que atentaron contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, causando la muerte de dos personas y destrozos por valor de millones de euros.

Detenidos en enero de 2008 en el País Vasco por agentes de la Guardia Civil especializados en la lucha contra el terrorismo, denunciaron haber sufrido patadas y golpes durante su traslado al cuartel de Intxaurrondo, donde, según la sentencia publicada hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también fueron golpeados.

El 7 de enero de 2008, los solicitantes fueron examinados por dos médicos forenses del Instituto Medico Legal Vasco, que mandaron ingresar a Portu Juanenea con varias costillas rotas hasta que salió del hospital el 11 de enero. Por su parte, Sarasola Yarzábal, que fue trasladado en coche a Madrid, aportó varios informes médicos que reflejan que recibió atención hospitalaria durante 27 días y necesitó 14 días para recuperarse.

Tras prestar declaración ante la juez de instrucción número 1 de San Sebastián, el 30 de diciembre de 2010 la Audiencia Provincial condenó a cuatro oficiales de la guardia civil a varias condenas, incluso por delitos graves de tortura. Dicha condena fue anulada en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo, que absolvió a los cuatro guardias civiles.

El alto tribunal dio por hecho que las lesiones de los etarras se habían producido durante su arresto y por la resistencia mostrada por los detenidos; además, sostuvo que sus denuncias respondían a las órdenes de la organización terrorista ETA de llevar a cabo falsas acusaciones de tortura contra las fuerzas de seguridad de Estado español.

Ahora, la Corte europea formada por 7 jueces, entre los que está el español Luis López Guerra, ha dictado una sentencia en la que reprocha al Tribunal Supremo haber negado valor probatorio a los informes de los expertos forenses del Instituto Vasco forense, cuando se observa que los médicos forenses certificaron que las lesiones de los etarras detenidos no eran compatibles con la versión policial de la resistencia violenta durante la detención.

Incluso suponiendo que la versión policial sobre el origen de las lesiones en el momento de la detención fuera aceptada, el Tribunal Supremo no ha investigado si el uso de la fuerza durante el arresto fue necesaria y proporcionada. Además, continúa la sentencia del tribunal europeo, el Gobierno no ha demostrado las circunstancias exactas en que se produjo la detención de los etarras.

En consecuencia, la Corte considera que está suficientemente probado que las lesiones sufridas por los etarras se produjeron mientras estaban custodiados por la Guardia Civil. Por ello responsabiliza al Estado, al que no acusa de tortura, aunque sí de haber dado un trato inhumano y degradante a los detenidos, lo que viola el artículo 3 de la Convención.

En el aspecto procedimental, el TEDH critica que el Tribunal Supremo no revisase las pruebas aportadas por unos y otros y se limitase a rechazar la versión de los demandantes sin tratar de esclarecer si el uso de la fuerza física por los agentes de la Guardia Civil durante la detención de los solicitantes habían sido estrictamente necesarios y proporcionados o si los daños sufridos eran atribuibles a los agentes responsables de la detención y el control de este último.

Por todo ello, el Tribunal ha decidido, por cuatro votos contra tres, que España pague 30.000 euros a Portu Juanenea y 20.000 a Sarasola Yarzabal. Frente a la solicitud de 60.000 euros que pedía la defensa de cada uno de los etarras, el TEDH concede una indemnización total de 50.000 euros que será compensados con las deudas que tienen los terroristas frente al Estado como subrogado en la responsabilidad civil a las víctimas de los delitos cometidos por los detenidos.

Los jueces Keller, Pastor Vilanova y Serghides han expresado una opinión conjunta parcialmente disconforme con la sentencia porque sostienen que los hechos sí deben ser calificados como torturas.

El nacionalismo vasco ha celebrado la sentencia. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que España debería tomarse en serio los “tirones de oreja” de la UE. Y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha calificado de “histórica” la sentencia y ha exigido que se revisen “todas las sentencias condenatorias basadas en la práctica de la tortura”.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha confesado sentirse “avergonzada” por el hecho de que España haya sido condenada por “incumplir de manera flagrante los derechos humanos”.

Tags: , , , , , , , , ,