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Controles fronterizos extra contra los “lobos solitarios”

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La identidad de todos los ciudadanos comunitarios y de terceros países deberá ser comprobada a la entrada y salida de la UE y sus documentos cotejados con las bases de datos de documentos robados o perdidos.

Es lo que establece un reglamento aprobado este jueves en el Parlamento Europeo con 469 votos a favor, 120 en contra y 42 abstenciones.

La ponente de la propuesta, la rumana Monica Macovei, ha justificado la decisión diciendo que asegurar las fronteras incrementa la protección contra el terrorismo y “cada vida que salvemos por detectar a un potencial combatiente extranjero hará que valga la pena”.

La Comisión presentó en diciembre de 2015 una propuesta para modificar el Código de Fronteras de Schengen como respuesta a los últimos ataques terroristas en Europa, y en particular al fenómeno de los “combatientes extranjeros” o “lobos solitarios” que buscan unirse a grupos terroristas como el Estado Islámico en Siria e Irak.

Alrededor de 5.000 europeos se han sumado al conflicto en Siria e Irak, la mayoría de ellos procedente de cuatro países de la UE: Francia, el Reino Unido, Alemania y Bélgica. La tasa media de “combatientes extranjeros” en la UE se sitúa entre el 20 y el 30 por ciento, según diferentes estudios. Sin embargo, Europol advierte de que si en los próximos meses el Estado Islámico es derrotado o se ve debilitado, esta proporción podría aumentar.

También está aumentando el número de personas que comenten atentados de forma individual y sin pertenecer a ninguna organización terrorista, los conocidos como “lobos solitarios”. Este fenómeno es aún más difícil de detectar por parte de las autoridades.

Por eso el nuevo reglamento obligará a los Estados miembros -excepto Dinamarca, Reino Unido e Irlanda- a efectuar comprobaciones sistemáticas de todas las personas que entran o salen de la UE y verificar si su nombre aparece en listados de documentos desaparecidos, el Sistema de Información de Schengen (SIS) o en otras bases de datos relevantes. Los controles serán obligatorios en todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.

No obstante, en caso de que los controles ralenticen demasiado el tráfico en las fronteras terrestres o marítimas, los países podrán limitarlos a comprobaciones selectivas. Pero incluso en estos casos, deberán analizar los riesgos para garantizar que esto no supone una amenaza para la seguridad. En estas casos, por lo menos, se comprobará la identidad del individuo y la validez del documento de viaje.

En los aeropuertos, los Estados miembros podrán aplicar únicamente controles selectivos durante seis meses tras la entrada en vigor de la normativa. Este periodo de adaptación podrá extenderse 18 meses más, hasta un total de 24, en casos excepcionales, por ejemplo en aeródromos que carezcan de la infraestructura necesaria para efectuar los controles sistemáticos y necesiten más tiempo.

Una de las novedades del reglamento es que propone considerar delito la distintas actividades relacionadas con la preparación de atentados como los viajes con fines terroristas, la formación o el entrenamiento pasivo en el extranjero o a través de Internet, promocionar el terrorismo o a terroristas mediante contenido en línea.

La norma será de inmediata aplicación y simultánea en la mayoría de países de la Unión, donde, según una encuesta de abril de 2016, el 80% de los ciudadanos quiere que se haga más para combatir el terrorismo y el 40% cree que su país está en riesgo.

Puede leer aquí la edición provisional del reglamento recién aprobado

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