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El golpe de Estado aleja a Turquía de la UE

Tarik Erdogan

Las políticas de Erdogan están rodeadas de muchos claroscuros (Foto: Bez)

Los derechos humanos no están asegurados

El intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio en Turquía ha frenado las aspiraciones de Recep Tayyip Erdogan de entrar en la Unión Europea, un proyecto que comenzó en septiembre de 1959, cuando los turcos solicitaron la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).

El informe que la Unión Europea hace cada año sobre los aspirantes de la Europa Sudoriental a formar parte de la «familia» -los países de los Balcanes Occidentales y Turquía- no acercan al país frontera entre Europa y Asia a la adhesión.

La grave crisis migratoria ha demostrado que la ampliación hacia el Este es más estratégica que nunca; también que el cierre efectivo de la ruta de los Balcanes Occidentales, combinada con la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo, ha frenado el número de inmigrantes y solicitantes de asilo irregulares. Sólo Turquía proporciona refugio a más de 2,7 millones de refugiados de Siria e Iraq. Y desde el 4 de abril, tan solo 2.217 sirios han sido reasentados en la UE a partir de Turquía.

Sin embargo, el golpe militar de julio no ayuda a la República de Turquía a cumplir el acervo comunitario. La UE apoyó a Erdogan durante el golpe, que dejó 241 muertos y 2.196 personas heridas y el gobierno turco superó el «ataque directo a la democracia». Pero el hecho de que el 20 de julio se declarase el estado de emergencia en toda Turquía durante tres meses, prorrogado por otros tres meses el 3 de octubre, es un handicap difícil de encajar con las leyes europeas.

Turquía notificó al Consejo de Europa una excepción a su obligación de garantizar una serie de derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. y fruto de esa excepcionalidad, las autoridades turcas han dejado de cumplir algunos de sus compromisos internacionales como país candidato.

Tras el intento de golpe de Estado se produjeron miles de detenciones por supuestos vínculos con el movimiento del clérigo Fetulá Gülen, a quien el gobierno turco responsabiliza de la asonada. Las medidas afectaron a todo el espectro de la sociedad, con especial incidencia en la judicatura, la policía, la gendarmería, el ejército, la administración pública, las autoridades locales, el mundo académico, los profesores, los abogados, los medios de comunicación y la comunidad empresarial. Múltiples instituciones y empresas privadas fueron cerradas, sus bienes incautados o transferidos a instituciones públicas.

No sólo este asunto preocupa a los «futuros» socios de Erdogan. La situación en el sureste sigue siendo uno de los desafíos más críticos para el país. Turquía sufrió un deterioro muy grave en su seguridad tras el colapso del proceso de asentamiento kurdo en julio de 2015 y los ataques terroristas por parte del PKK y DAESH.

Las autoridades llevaron a cabo una extensa campaña antiterrorista militar contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) -que sigue figurando en la lista de organizaciones terroristas de la UE- y comenzaron a surgir graves denuncias de violaciones de los derechos humanos y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El informe pone de manifiesto que la legislación antiterrorista no cumple el acervo comunitario y su aplicación, lejos del principio de proporcionalidad, plantea graves preocupaciones en materia de derechos fundamentales.

Además, después del intento de golpe una quinta parte de los jueces y fiscales fueron despedidos y vieron congelados sus bienes; en algunos casos fueron arrestados por acusaciones de conspiración con el movimiento Gülen. Bajo el estado de emergencia, Turquía ha prorrogado aún más la detención preventiva hasta 30 días sin acceso a un juez contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y una parte importante de la judicatura está sujeta a estas medidas.

Por otra parte, la corrupción sigue siendo un problema muy serio y la influencia del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto perfil no ayuda a mitigar la preocupación de las autoridades europeas.

Hay avances pero de escasa proyección. Por ejemplo, la nueva Ley de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía es un paso en la dirección correcta porque prohíbe la discriminación por una gran cantidad de motivos, pero no abarca explícitamente la orientación sexual. Un problema inaceptable en Europa, desde donde advierten a Erdogan de que es obligatorio adoptar una ley específica y exhaustiva sobre la lucha contra la discriminación. La violencia de género, la discriminación, el discurso de odio contra las minorías, los crímenes de odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI siguen preocupando mucho en Bruselas.

En cuanto a los deseos de volver a llevar al parlamento turco un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte, la UE recuerda a Tarik Erdogan que el rechazo inequívoco de la pena de muerte es un elemento esencial del acervo de la UE y una obligación internacional central que Turquía ha asumido.

La libertad de expresión también está muy amenazada en el país transcontinental. En el último año, según los datos que manejan los analistas europeos, la aplicación selectiva y arbitraria de la ley, especialmente de las disposiciones sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, está teniendo un impacto negativo en la libertad de expresión.

De hecho, se han producido un gran número de arrestos de periodistas, así como el cierre de numerosos medios de comunicación. RSF cifra en más de 100 los medios clausurados; este mismo viernes ha sido retenido en el aeropuerto de Estambul Akın Atalay, presidente del consejo ejecutivo del periódico Cumhuriyet, según denuncia Reporteros Sin fronteras. También la libertad de reunión continúa siendo demasiado restringida, tanto en la ley como en la práctica.

En cuanto a Chipre, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha suprimido todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones de los enlaces directos de transporte con Chipre.

En este punto, Turquía debe comprometerse inequívocamente con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la solución pacífica de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha expresado una vez más su grave preocupación e insta a Turquía a evitar cualquier tipo de amenaza o acción dirigida contra un Estado miembro o fuente de fricción o acciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la solución pacífica de controversias.

La economía turca sí parece cumplir los requisitos para considerarse una economía de mercado en funcionamiento. Sin embargo, el gran déficit externo hace que la economía turca sea vulnerable a la incertidumbre financiera, a los vaivenes inversionistas globales y a los riesgos políticos. Por eso hacen falta reformas estructurales que mejoren el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y mano de obra.

Aunque parezca mentira después de leer las «salvedades», desde Bruselas consideran que Turquía continúa «alineándose» con el acervo. Turquía avanza en el Derecho de sociedades, de las redes transeuropeas y de la ciencia y la investigación, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en las esferas de la libre circulación de mercancías, el derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, las empresas y la política industrial, Y la protección de la salud, la unión aduanera, las relaciones exteriores y el control financiero. También está moderadamente preparada en materia de contratación pública, de las estadísticas y la política de transportes, donde se necesitan esfuerzos significativos en todos los ámbitos.

En definitiva, Turquía, que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de los Balcanes, debe abordar avances significativos adicionales para lograr la armonización legislativa con el acervo de la UE. Y superar definitivamente la «purga» iniciada a raíz del fallido golpe de Estado.

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