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El Gobierno pudo violar los derechos humanos en Isla de Tierra

Isla de Tierra

La evacuación podría haber vulnerado sus derechos humanos (Foto: espacioseuropeos.com)

Al entregar a Marruecos a los inmigrantes llegados al islote de soberanía española

La expulsión de 83 inmigrantes de la Isla de Tierra por parte del Gobierno español, de acuerdo con las autoridades marroquíes, podría haberse producido en clara violación de los derechos humanos. Así lo denuncian varias asociaciones pro derechos humanos que han seguido el destino de los inmigrantes que desde la semana pasada han ocupado el islote español situado enfrente de las costas marroquíes, concretamente a pocos metros de la costa marroquí de Alhucemas.

Según estas organizaciones, «no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que las personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes».

En un comunicado conjunto las asociaciones reprochan «el dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación».

«La entrega de 73 de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas». Hay que recordar que los gobiernos de España y Marruecos decidieron hacerse cargo de un número de personas alojadas en el islote.

SOS Racismo recuerda que la legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de esas personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte.

«Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata», afirman.

«Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría de las personas inmigrantes», explican, «las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos».

Según relatan los denunciantes de esta situación, en el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, «ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto».

Eso, sin contar, recuerdan, que las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), defiende que las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. «El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”, dicen.

Además, las asociaciones firmantes de la denuncia afirman que en los primeros días de estancia en el islote «se retrasó de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban». Por todos esos motivos, Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto relativo a los sucesos acontecidos en Isla de Tierra.

Desde el Partido Popular, el portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, dijo ayer que en el desalojo de Isla de Tierra, que tuvo lugar durante la madrugada del lunes al martes, se realizó «una gestión positiva». Previamente, la delegación del Gobierno en Melilla explicó que se trató de una operación que no requirió el empleo de la fuerza, así como que se desarrolló «sin incidentes ni heridos», insistiéndose en que «fue pacífico».

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