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Comienza el principio del fin de los plásticos de un solo uso

Greenpeace

Estas cifras son de Greenpeace

El 70% de la basura marina son plásticos de un solo uso además de redes y artes de pesca abandonados

Este jueves, 20 de diciembre, los ministros europeos de Medio Ambiente firmarán la Directiva que obliga a los Estados miembro a retirar del mercado los plásticos de un solo uso.

El pasado mes de mayo la Comisión Europea propuso reducir este tipo de productos y ayer el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión alcanzaron un acuerdo para frenar los 10 productos de plástico más frecuentemente encontrados en las playas y las redes de pesca.

El acuerdo convierte a Europa en líder mundial en la lucha contra los residuos plásticos como bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas (dicen que en España se usan 13 millones cada día y más de 5.000 millones al año), agitadores de bebidas, varillas para globos, productos fabricados con plástico oxodegradable y envases de alimentos y bebidas de poliestireno expandido (corcho blanco).

Respecto a otros productos, el objetivo es limitar su uso a través de una reducción del consumo de ámbito nacional, de los requisitos de diseño y etiquetado, y de las obligaciones de limpieza y gestión de residuos para los productores.

Tras su aprobación, la nueva Directiva se publicará en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros deberán transponerla después de dos años.

A Greenpeace le preocupa que la Directiva no contemple el mayor problema: no hay ningún objetivo vinculante a nivel de la UE para reducir la producción de otros plásticos. Sí obliga, por primera vez, a los productores a pagar por las limpiezas de espacios naturales. La organización ecologista asegura que las presiones procedentes de un fuerte lobby de empresas que controlan el sector ha debilitado el acuerdo.

La Directiva manifiesta que los países deben “reducir significativamente” su consumo, dejándolo de forma vaga y abierta a interpretación. (Por ejemplo, las medidas para responsabilizar a los productores de plásticos, no serán obligatorias sino voluntarias, sin mínimos establecidos).

Por ello, aunque es un significativo primer paso para frenar la contaminación por plástico, Alodia Pérez, responsable de Recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, afirma que “su impacto dependerá en gran medida de la respuesta de los gobiernos nacionales y de hasta qué punto obligan a los fabricantes a pagar por lo que contaminan”.

A pesar de todo, “las nuevas reglas son un excelente primer paso para combatir la contaminación por plásticos que está asfixiando los ríos y océanos”, dice la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, Alba García.

Para ella lo mejor de la Directiva es que prohíbe varios artículos de plástico para 2021 y obliga a los fabricantes (incluidas las grandes marcas tabacaleras y los principales contaminantes de la industria del envasado como Coca Cola, Pepsico o Nestlé) a pagar por la gestión de residuos y las limpiezas de varios artículos de plástico de un solo uso, como las colillas de cigarrillos y artes de pesca.

También permite a los países de la UE adoptar sus propias restricciones adicionales, aunque no las contemple la Directiva, como limitar la puesta en el mercado de envases y vasos de plástico; obliga a los países de la UE a reducir los residuos de post-consumo de los filtros de productos de tabaco que contienen plástico; y asegura que todas las botellas de bebidas se produzcan con un 30% de contenido reciclado para 2030. La obligación de etiquetar, en los productos de consumo, la presencia de plásticos y sus impactos ambientales es otro paso adelante.

Lo más criticable es el retraso de cuatro años, de 2025 a 2029, para garantizar que el 90% de las botellas de plástico se recojan de forma separada. A cambio se fija un objetivo intermedio del 77% para 2025. Y en 2030 todas las botellas de bebidas deben ser fabricadas con un 30% de contenido reciclado.

Así, todo depende de la ambición de los Estados para cumplir la Directiva. Este jueves, 20 de diciembre, se espera que la ministra para la Transición Ecológica española, Teresa Ribera, la firme. España, como el resto de Estados miembros tendrán dos años para trasladarla a las leyes nacionales, que deberían entrar en vigor a principios de 2021, como muy tarde.

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