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Bruselas investiga las ayudas al carbón en España

Vestager

La comisaría Vestager en una imagen de archivo

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La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales de carbón creado en 2007 se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

La Comisión teme que las ayudas se hayan utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales dela UE, que eran imperativas en cualquier caso.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado que «las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente».

En este sentido, Vestgaer cree que el régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. «Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle».

Para apuntalar su discurso ha reiterado el principio de «si contaminas, pagas».

En 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo un régimen («incentivo medioambiental») para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites.

A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años (es decir, 8 750 euros por megavatio al año).

Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, y se seguirán realizando pagos hasta 2020. España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

En este momento, la Comisión teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón.

Los requisitos legales correspondientes se establecieron en la legislación de la UE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE).

De confirmarse, esto significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental.

Además, el apoyo financiero podría vulnerar un principio largamente fundamentado de la legislación sobre ayudas estatales de la UE, y concretamente que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente.

Ello atentaría contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad y de las centrales de carbón sujetas al Derecho de la UE en otros Estados miembros de la Unión.

La Comisión proseguirá su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. A partir de ahora, España y los terceros interesados podrán presentar sus alegaciones.

A principios de noviembre la Comisión aprobó las ayudas a las renovables establecidas por el Gobierno

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