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AI denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Venezuela

Un miembro de la Policía chavista encañona a una mujer en una zona marginal de Venezuela (Foto: AI)

La organización humanitaria exige una respuesta contundente de la justicia internacional

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017 pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en su informe Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«En Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional», ha dicho Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

AI ha investigado la gravísima represión ocurrida entre el 21 al 25 de enero, cuando tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron por arma de fuego, la mayoría a manos de agentes de las fuerzas del Estado. Más 900 personas, incluidos niños y adolescentes, fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. Aproximadamente, 770 de estas detenciones se produjeron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

Según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2017 ha habido más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela.

Las evidencias obligan a AI a solicitar a todos los Estados que den su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. «La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», remarca Guevara Rosas.

Los crímenes cometidos el pasado mes de enero a lo largo de todo el país caribeño se produjeron «con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal». Añade la responsables de AI que «no sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas».

Responsabilizan a las «autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro», a los que acusan de conocer los hechos y no haber tomado las medidas necesarias para impedirlas ni investigarlas. «El encubrimiento ha sido parte de la política de represión», insisten.

La organización considera que «la gravedad de los hechos, el número de víctimas y el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo con la coordinación de distintas fuerzas de seguridad», son muy similares a los hechos ocurridos en el año 2014 y 2017. Por ello concluye que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, aunque es un «extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial».

Para resolverlo, recomienda crear una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones (junio y julio de 2019). Asimismo, recomienda activar la jurisdicción universal a los países «genuinamente preocupados por la situación en el país». Y por último, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018, active una investigación de oficio.

El grave deterioro de las condiciones de vida y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales han obligado a más de 3,7 millones de personas a abandonar el país. Una cifra que no ha podido comprobar el Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos del Consejo Noruego para Refugiados, que en su último informe sobre los desplazados en el mundo desacata que no tiene datos sobre la situación en Venezuela.

Sean cuantos sean, al menos tres millones de venezolanos se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe. Todos han huido de las violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada instaladas en Venezuela.

Ayer martes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo y el embajador de EEUU en Rusia, Jon Huntsman se reunieron con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en Sochi (Rusia). Pompeo llegó a Rusia en su primera visita en el cargo para hablar de la situación en Venezuela, donde Washington y Moscú mantienen posiciones enfrentadas, y el agravamiento de la crisis nuclear iraní, en otros asuntos.

Tras reunirse con su colega ruso, Pompeo aseguró, en una rueda de prensa conjunta con Lavrov en el balneario de Sochi, en el mar Negro, «que ya ha llegado la hora de que el presidente de Venezuela, Nicolás Madura, abandone el poder.

Venezuela, como Etiopía o Sudán del Sur, pasa hambre aguda, según un informe reciente de la FAO

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