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¿Vuelve a nacer «muerta» una reforma educativa?

Isabel Celaá

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

La presidenta de la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de reforma de la LOE

La ministra de Educación, Isabel Celaá, defiende su texto alegando, entre otras cosas, que «no segregará al alumno por razones socioeconómicas»

Isabel Celaá afirmó ayer que el «destinatario universal» de la reforma educativa aprobada por el Consejo de Ministros «es el alumnado sobre el que no habrá segregación ni en el acceso ni a la salida del sistema educativo».

La ministra de Educación y Formación Profesional insistió durante sus explicaciones del proyecto en que no se puede segregar a ningún niño por «razones socieconómicas».

Ayer el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aprobó el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) -conocido también como «ley Celaá»- con el mismo texto que aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2019 y que no pudo ser tramitado porque el mismo día se convocaron elecciones generales.

Hay que recordar que cuando se aprobó la LOMCE, también conocida como «Ley Wert», los socialistas de entonces pusieron fecha de caducidad al proyecto educativo del Partido Popular diciendo que nacía «muerta».

La que será la séptima reforma educativa de la democracia española también podría tener los días contados.

Nada más aprobarse el proyecto de ley la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantó que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley educativa del Gobierno central. Ayuso considera que el texto aprobado ayer en Moncloa vulnera hasta cuatro artículos de la Constitución Española (CE) e invade competencias autonómicas, además de atentar contra la libertad de enseñanza y la libertad religiosa.

“Es un ataque directo contra la (educación) concertada”, subrayó la presidenta madrileña, que entiende que la nueva ley vulneraría el artículo 3 de la Constitución que “proclama el derecho y el deber de todos de conocer el castellano o español” y el artículo 16, sobre la libertad religiosa y de culto y que recoge que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones.

El proyecto del Ejecutivo socialcomunista contempla la religión como materia de oferta obligatoria pero de elección voluntaria y elimina la obligación para los que no la eligen de cursar otra asignatura alternativa. En definitiva, la calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.

Ayuso también considera que la «ley Celaá» vulnera el artículo 27 de la CE, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus principios y convicciones, “proclamando también la libertad de enseñanza”.

Además, la presidenta madrileña citó el artículo 14 de la Carta Magna cuando dijo que «este proyecto, tal y como está articulado, atenta contra la igualdad de oportunidades, de mérito y capacidad”. “Pretende igualar a todos los alumnos a la baja, devaluar los títulos, y no darle oportunidades a los alumnos que se esfuerzan, estudian, para que sigan progresando según el esfuerzo realizado”, remarcó Díaz Ayuso durante su comparecencia en la Real Casa de Correos junto al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio. “Eso es un ataque absoluto contra su libertad de enseñanza y también contra la igualdad”, añadió Díaz Ayuso, que aseguró que la Comunidad de Madrid defenderá la educación pública, la concertada y la privada.

Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Por si todo esto no fuera suficiente la jefa del Ejecutivo autonómico afirma que la normativa del Gobierno central “invade competencias autonómicas eliminando la libertad educativa que supone el área única”, una medida que ha procurado que ya hoy en Madrid el 93,7% de las familias puedan elegir en primer lugar el colegio que quieren para sus hijos.

A la LOMLOE no sólo le llueven las críticas desde la oposición. También desde el propio sector educativo. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en el sector de la concertada y privada, reprocha a la ministra de Educación que vuelva «a recrearse en polemizar respecto a la enseñanza concertada, la libertad de elección de los padres, la asignatura de religión o la enseñanza diferenciada, como si estos fueran en algún caso los problemas que tiene el sistema educativo».

Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), sin embargo, echan en falta «el equilibrio entre las tres redes educativas existentes: pública, concertada y privada». Afean que no aborde «un asunto tan relevante como es el control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos».

Asimismo consideran «el modelo de enseñanza concertada debe recuperar su espíritu fundacional, que garantiza la gratuidad de la educación en centros sostenidos con fondos públicos y evitar que sea un atractivo para sectores empresariales».

Por esto piden que esta nueva Ley educativa «incluya mecanismos exhaustivos de control de los fondos públicos destinados a los centros concertados». Entienden que es imprescindible para evitar una potencial segregación social “de facto” dentro del propio centro escolar, ya que, en muchas ocasiones, se incurre en un claro incumplimiento de la exigencia de gratuidad en los colegios concertados, que han de ser entidades benéfico-docentes.

Por su parte, Escuelas Católicas considera un error «tratar a la concertada como subsidiaria de la pública» y lamenta que la nueva ley de educación «limite los derechos de centros y familias» sometiendo la libertad de elección a la «planificación» administrativa y no garantice «la estabilidad del sistema educativo» al poner en riesgo la continuidad de numerosos colegios concertados.

Insisten desde esta organización que representa a cerca de 2.000 centros educativos en toda España, más de 1.200.000 alumnos y 103.000 trabajadores que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres de alumnos, con independencia de su situación económica.

A este respecto, les resulta especialmente preocupante suprimir el criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un “comisario político”, en los Consejos Escolares de los centros concertados.

En cuanto a la calidad de la educación, Escuelas Católicas avisa de que no apoyará aquellas medidas que propicien una rebaja de la calidad y del mínimo nivel de exigencia tales como la excepcionalidad de las repeticiones (no se resuelve la cuestión prohibiéndolas, sino reforzando la atención individualizada); la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres años (una manera sutil de evitar hablar en este caso de «repeticiones»); la eliminación de las pruebas finales de etapa (las mal denominadas reválidas); o la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa.

Por último, lamentan que se degrade el estatus de la clase de Religión, a pesar de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación.

También la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha mostrado su inquietud por la aprobación del proyecto de nueva Ley de Educación, «ya que limitará el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos». Exponen los padres que la desaparición del criterio de demanda social para la creación de plazas escolares supondrá, además, un recorte en la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Para ellos esta pérdida de pluralidad «merma el equilibrio existente entre la red pública y concertada, que son complementarias tal y como se recoge en todas las leyes anteriores y que tan bien han funcionado en la etapa democrática».

En definitiva, que la «ley Celaá» podría tener los días contados, ya que no son pocos los que le auguran vida únicamente durante esta Legislatura, dure esta lo que dure…

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