1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (Sin votos)
| Print This Post

VOX propone dar un 10% a los denunciantes de corrupción

Iván Espinosa de los Monteros

El portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros

Presenta una Proposición de Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción

El texto contiene, además, disposiciones finales relativas a los indultos políticos y al trato penitenciario a reos de rebelión o sedición

VOX ha registrado este lunes una Proposición de Ley para proteger a los denunciantes de algún caso de corrupción.

La propuesta del grupo parlamentario liderado por Santiago Abascal pretende que las personas que informan sobre «actos reprobables» sean reconocidas por su contribución a «prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos».

El portavoz de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado «la urgencia y enorme importancia de brindar una protección eficaz a los denunciantes de corrupción ante el absoluto desamparo en que se encuentran en la actualidad».

Además de poner «fin a esa situación de desamparo» la propuesta de VOX «pretende incentivar la denuncia reconociendo a los denunciantes una recompensa equivalente al 10% del dinero recuperado».

Se trata de hacer frente a la lacra que supone la corrupción y que, según un estudio de 2017 realizado para la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios potenciales por la falta de protección de los denunciantes de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales, sólo en el ámbito de la contratación pública en el conjunto de la UE. Un estudio de finales de 2018 fija el coste de la corrupción en la UE en 904 billones de euros al año.

Con la aprobación de esta ley «no podrá perseguirse al denunciante, a los periodistas o a los medios de comunicación que, en su labor de investigación e información pública, publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas», ha explicado en rueda de prensa la secretaria general de VOX, Macarena Olona.

Al mismo tiempo se cumpliría la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril de 2019.

Otro de los principales objetivos de la ley es la creación de una ‘Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción’ que garantice la efectividad de los derechos de los denunciantes de corrupción. VOX incluso propone que la presidencia de esta oficina la ocupa la juez Mercedes Alaya, quien fuera instructora de las causas abiertas por los ERE falsos de Andalucía.

Con total independencia y adscrita sólo a efectos organizativos al Ministerio de Justicia, si de las actuaciones practicadas se apreciaran indicios racionales de la existencia de un posible delito, la Autoridad Independiente «resolverá motivadamente el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de la Autoridad de ejercer la acusación particular». Además, y en el supuesto de ese traslado al Ministerio Fiscal, la Autoridad Independiente informará de si, a su juicio, «concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad, o sus ascendientes, descendientes o hermanos», de forma que la autoridad judicial pueda adoptar las medidas de protección oportunas.

En cuestión de multas, VOX plantea sanciones de 200 a 400.000 euros en función de la gravedad, así como la declaración firme de incumplimiento del deber.

La proposición de ley contiene, además, importantes disposiciones finales. Entre ellas la derogación de los plazos máximos de duración de la instrucción de los procesos penales que el PP introdujo en el año 2015 (6 meses susceptible de ampliar a 18 meses para las causas complejas). A su juicio, favorece a los investigados por delitos de corrupción y al archivo automático de causas penales dada su complejidad.

También incluye la modificación de los indultos, de forma que se prohíba el indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social; se incluyen también los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la Comunidad Internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público.

«VOX da un paso al frente para impedir la nueva burla a nuestro Estado de Derecho que supondría que quienes cometen los crímenes más graves contra nuestro orden constitucional no tengan que asumir responsabilidad penal alguna por la cobardía del Gobierno de turno que, a cambio del apoyo parlamentario, sea capaz de poner a España de rodillas», ha explicado el portavoz parlamentario.

Por último, se propone la ‘modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria’, de forma que los condenados cumplan sus penas en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus fines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público.

Tags: , , , , ,