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VOX pide 745 años de cárcel para los impulsores del ‘procés’

VOX

El presidente de VOX, Santiago Abascal, esta mañana a las puertas del Supremo

Esta mañana la formación que ostenta la acusación popular en el proceso ha presentado su escrito de acusación

Santiago Abascal invita  a los partidos constitucionalistas a sumarse a una concentración “para evitar que Pedro Sánchez negocie con Quim Torra los indultos a los imputados por el golpe separatista del 1 de octubre”

VOX pide 74 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

Son las mismas penas y los mismos delitos que solicitan para los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Así lo han explicado Javier Ortega, secretario general de VOX, y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico, durante la rueda de prensa convocada a las puertas del Tribunal Supremo para informar sobre el escrito presentado por la acusación popular en la causa abierta por el golpe del 1 de octubre de 2017.

Las peticiones de penas de VOX para los golpistas casi triplican las solicitadas el pasado viernes por la Fiscalía en el caso de Junqueras y muy superior a los doce años que reclama la Abogacía General del Estado. En total, VOX pide para los acusados más de 700 años de cárcel.

Además, para los ex consellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, los abogados de VOX solicitan 24 años de prisión para cada uno de ellos y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. Son, según VOX, autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.

La formación política solicita además que los ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean condenados a 62 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal.

VOX  acusa a ambas entidades separatistas de “favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable”, promoviendo para eso “una intensa y violenta movilización ciudadana”.

De estos hechos responsabilizan directamente a los ex presidentes de ambas organizaciones, Sánchez y Cuixart, a los que acusan de llevar años “alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana”.

La misma pena y por los mismos delitos piden para la ex presidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell, así como el pago de una multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años. Forcadell es responsable de un delito continuado de desobediencia “porque tuvo una participación medular, desde los primeros momentos del proceso de independencia”.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas “leyes de desconexión”, Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, y la ex presidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, VOX pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años, al estimarles autores, a cada uno de ellos, de un delito de organización criminal y otro continuado de desobediencia.

Como ha subrayado Javier Ortega, “VOX está decidido a derrotar a los golpistas” que promovieron una consulta popular “vinculante” que suponía “un claro intento de subvertir el orden constitucional” a fin de “desintegrar la unidad territorial del Estado”.

Califican los hechos ocurridos durante las semanas previas y posteriores al 1 de octubre de 2017 como un “ataque subversivo contra el orden constitucional vigente” dirigido por “los ahora procesados” a través del uso de “la violencia” y utilizando a las “masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español”.

El escrito de acusación de VOX califica el referéndum ilegal del 1 de octubre de “estrategia golpista para continuar manteniendo una falsa esperanza de independencia entre aquellos ciudadanos que luego emplearán la violencia para intentar culminar el proceso”, utilizando para ello un “mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental”.

A los políticos separatistas catalanes en prisión les culpan de “lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español”, saltándose a los tribunales y a la Constitución.

Durante la rueda de prensa ante el Supremo, Santiago Abascal ha anunciado que la plataforma “España Viva” convoca a todos los españoles a sumarse a una gran concentración en la plaza Colón de Madrid el próximo sábado 1 de diciembre a las 12:00 horas “para evitar que Pedro Sánchez negocie con Quim Torra los indultos a los imputados por el golpe separatista del 1 de octubre”.

“Es ya evidente que el Gobierno está maniobrando para impedir que los golpistas reciban la condena que merecen e incluso que el Gobierno está orquestando un gran complot para indultarles”, ha afirmado el presidente de VOX, que ha invitado a sumarse a la concentración al resto de partidos políticos constitucionalistas que quieran frenar el avance de los separatistas que permite Pedro Sánchez.

El Tribunal Constitucional ha admitido a tramite los recursos presentados por los golpistas contra la suspensión de su condición de diputados decretada por el Supremo

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