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El nuevo vicepresidente del Supremo gobernará el CGPJ en caso de vacante

Alberto Ruíz-Gallardón [1]

Alberto Ruíz-Gallardón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Gobierno comenzará de forma inmediata las negociaciones con los grupos parlamentarios para buscar la fórmula de mayor consenso en la elección de vocales

Se crean las figuras del vicepresidente del Supremo y del promotor de la Acción Disciplinaria

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado hoy en el Consejo de Ministros un informe basado en la propuesta que ha remitido al Ministerio la Comisión institucional de expertos creada el pasado 2 de marzo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro ha recordado que las dos fórmulas que se han utilizado hasta ahora para la elección de vocales son perfectamente constitucionales, tanto si la elección de los veinte vocales la hacen las Cortes como si solo elige a ocho de ellos, dejando en manos de los propios jueces y magistrados la designación del resto. Ruiz-Gallardón ha anunciado que el Gobierno comenzará inmediatamente las negociaciones con los grupos parlamentarios para buscar el mayor consenso en la fórmula de elección de los miembros del CGPJ.

«Pensamos que sería extremadamente positivo que la reforma tuviera un máximo consenso parlamentario y eso le daría una garantía de permanencia al margen de cuál sea la voluntad de los electores en cada una de las sucesivas convocatorias electorales», ha dicho. Además, según el ministro, tras los acontecimientos ocurridos recientemente en el propio Consejo General del Poder Judicial ese consenso «contribuiría de una forma muy importante al reconocimiento del profundo valor institucional que tiene este órgano».

El órgano de gobierno de los jueces mantiene las competencias que la Constitución le encomienda: nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. Las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que dejará de estudiar los recursos de alzada presentados contra decisiones de la Comisión Permanente. La potestad reglamentaria quedará circunscrita a la esfera interna. Su actividad internacional deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El informe propone que las resoluciones que adopte la Comisión Permanente agoten la vía administrativa y sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Supremo. Esta Comisión asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria y a la de Igualdad, las únicas que se mantienen. Para que ello sea posible se potenciarán los servicios del Consejo y se recomienda la creación de un Cuerpo de Letrados del órgano de gobierno de los jueces propio, que no tendrá ningún coste presupuestario, dado que las actuales plazas se amortizarán progresivamente.

Sólo podrán presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ los magistrados del Alto Tribunal con una antigüedad de al menos tres años y será el único que desempeñará su función con dedicación exclusiva. «De esta manera estamos llevando la excelencia a la presidencia del Tribunal Supremo», según Ruiz Gallardón.

En cuanto a los 20 vocales, éstos seguirán ejerciendo su profesión y únicamente percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. En opinión del ministro de Justicia esta medida aumentará el número de personas que estarán dispuestas a formar parte del Consejo porque no les supondrá dejar sus carreras profesionales y «se enriquecerá su calidad jurídica» al prestar su servicio al Estado.

El presidente desarrollará su labor auxiliado por un vicepresidente del Supremo, elegido por el Pleno entre la terna que proponga el primero. El vicepresidente, que no forma parte del CGPJ, le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

El informe también propone la creación de la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado del Tribunal Supremo o con más de 25 años de antigüedad. Tendrá dedicación exclusiva para instruir los expedientes y será quien acuse ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal.

Para dotar de mayor agilidad y eficacia el funcionamiento del CGPJ se simplifica el sistema de mayoría para la toma de decisiones. Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría simple, reservando la mayoría reforzada a las decisiones de especial relevancia.

Presupuesto en base cero

El primer presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo. Mantendrá autonomía presupuestaria, aunque no podrá fijar retribuciones o dietas y, en cualquier caso, estará sometido al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.