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Un juez exime al Estado de pagar los daños causados durante el 1-O

Marc Puigtió

Marc Puigtió, de ERC, es el alcalde de San Julián de Ramis (Foto: ccma)

El Ayuntamiento de San Julián de Ramis reclamaba 13.427 euros por los desperfectos ocasionados en el pabellón municipal ‘puesto a disposición del referéndum convocado ilegalmente’

El Juzgado Central de lo Contencioso número 7 rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en el pabellón municipal de San Julián de Ramis durante los sucesos del 1 de octubre de 2017.

La sentencia, que puede leer aquí [1] y ser invocada para decidir sobre todas las reclamaciones derivadas de los acontecimientos que se produjeron en Cataluña durante la jornada del ‘referéndum’ ilegal de 2017, rechaza el recurso del Ayuntamiento de San Julián de Ramis y destaca que la Guardia Civil ‘no actuó antijurídicamente porque un auto judicial obligaba -y amparaba- a los agentes a retirar de las instalaciones puestas a disposición del referéndum convocado ilegalmente todo el material relacionado con dicho proceso electoral’ y porque no hay relación de causa efecto por la propia conducta del consistorio.

El ayuntamiento gerundés reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Justicia y atribuía a la Guardia Civil los daños causados en su pabellón municipal la jornada del 1 de octubre de 2017. En su recurso reclamaba una indemnización de 13.427 euros.

En su sentencia, el juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo para añadir que en el presente caso tampoco se ha acreditado el nexo causal, directo, inmediato y exclusivo entre la actuación de la Administración, en este caso la Guardia Civil, y sus efectos, ‘por la conducta del propio Ayuntamiento perjudicado al poner las instalaciones del pabellón municipal a disposición de un proceso electoral ilegal y existiendo resoluciones judiciales que obligaban a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, a retirar todo material electoral de aquéllas’.

Por ello la sentencia concluye que se ha roto el nexo causal que determina la inexistencia de la responsabilidad patrimonial del Estado ‘por la intensa intervención del perjudicado, de tal manera que el daño no se hubiera producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal y frente a la que existían resoluciones judiciales que obligaban a la guardia civil a recoger el material electoral de aquéllas’.

En febrero de 2020 el Parlamento de Cataluña aprobó investigar la ‘violencia institucional del 1-O’ [2]