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Un estudio muestra los fallos del sistema de rentas mínimas

Funcas

Beneficiarios de los programas de rentas mínimas, cuantía de las prestaciones y tasa de riesgo de pobreza, por comunidad autónoma (2017)

Los titulares de estos programas aumentaron de 103.071 en 2007 (0,64% de los hogares españoles) a 313.291 en 2017 (1,7% de los hogares)

Destaca la fragmentación territorial, con notables diferencias respecto a la cuantía de las prestaciones, la duración o los requisitos para percibirlas

Los programas de ingresos mínimos diseñados para combatir la pobreza y la exclusión social vieron incrementar su demanda durante la crisis.

Si en 2007 había en España 103.071 titulares de estas prestaciones, en 2017 la cifra se había triplicado, hasta los 313.291. A ellos hay que sumar los casi 466.000 dependientes de estos titulares, lo que acerca el número total de beneficiarios a 780.000, con un crecimiento muy desigual entre comunidades autónomas.

En España, más de uno de cada cinco habitantes (21,5%) vivían el año pasado (2018) en hogares cuya renta total se situaba por debajo del 60% de la media de ingresos de todos los hogares; esta proporción había descendido respecto a 2014 (22,2%), pero a pesar de la mejora en el mercado de trabajo registrada desde ese año, todavía se hallaba casi dos puntos por encima de la registrada en 2008.

Precisamente, el número 29 de Panorama Social, la revista editada por Funcas bajo el título Pobreza y rentas mínimas, destaca la fragmentación territorial de este sistema, con 19 normativas específicas (17 comunidades y dos ciudades autónomas) destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social a través de prestaciones cuyo diseño (y denominación) también difiere.

La variedad de políticas de rentas mínimas se manifiesta en aspectos como la cuantía. Por ejemplo, aunque el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del Estado ronda los 450 euros, las prestaciones oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana, hasta los casi 700 del País Vasco.

Los programas autonómicos presentan, además, diferencias significativas en cuanto a los requisitos necesarios de acceso a la prestación, a la duración máxima de su percepción o a la compatibilidad con otras rentas.

Los residentes en Extremadura y Ceuta con rentas por debajo del umbral de pobreza rondan el 38%, y en Canarias y Andalucía, el 32%; en cambio, en Cataluña, Asturias y Aragón no superan el 15%, mientras que en Navarra y el País Vasco se quedan incluso por debajo del 10%.

Llaman la atención los dos extremos. Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con la prestación de «renta garantizada» más generosa, tanto en cuantía como en duración. Sin embargo, el importe y el periodo de cobro de la «renta de inserción» en Extremadura son menores, aunque en esta comunidad la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto.

La evaluación de los programas de rentas mínimas, ya complicada por la fragmentación territorial del sistema, se ve dificultada por el hecho de que la mayoría de estos programas persiguen, cada vez más, la reducción de la pobreza monetaria y la inserción (o reinserción) laboral.

Y aunque la evidencia sugiere que las rentas mínimas, donde llegan, son eficaces en la disminución de la pobreza, mientras que sus costes de eficiencia en forma de desincentivos al empleo son muy moderados, su elevada rotación coexiste con la cronificación (no mayoritaria) de las prestaciones en algunos hogares especialmente vulnerables y con escasa capacidad de inserción laboral.

Algo muy intrincado con todo esto es el hecho de que España cuenta con dos trabajadores por pensionista, una ratio que prácticamente se mantiene desde que hay registro, pero que presenta diferencias territoriales que fluctúan desde los holgados tres ocupados por pensionista que tiene Baleares a la casi paridad uno a uno de Asturias. Según datos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso Efe, al cierre de julio en España había cifras récord tanto de cotizantes ocupados, con 19,3 millones de personas, como de pensionistas, con 8,8 millones, lo que deja la tasa de dependencia en el 2,18.

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