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UGT Andalucía acusa a la Junta de Susana Díaz de querer escurrir el bulto por las ayudas «ilegales» a la formación

UGT-A

Carmen Castilla es quien manda en UGT-A

La Junta de Andalucía reclama al sindicato 15,3 millones de euros por ayudas irregulares

La investigación sobre las ayudas «irregulares» concedidas por la Junta de Andalucía a la Unión General de Trabajadores (UGT) para cursos de formación ha comenzado su fase más interesante.

La decisión del Gobierno de Susana Díaz de reclamar más de 15 millones de euros de los 26 milllones que se concedieron a UGT Andalucía entre 2008 y 2011 para cursos de formación que luego resultaron irregulares [1] ha puesto en pie de guerra a la organización sindical.

El sindicato no piensa pagar nada porque -dice- es responsabilidad del Gobierno andaluz no haber vigilado en su momento la concesión de las ayudas. La organzación liderada ahora por Carmen Castilla acusa a la Junta de Susana Díaz de emprender «injustificadamente una causa general contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen». Y para conseguir su objetivo ha presentado un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Sevilla contra las resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento para demostrar su inocencia en este asunto.

En el recurso -de 21 de octubre- la organización se pregunta «si en los años investigados la Junta dio por buenas las justificaciones de los programas, ¿por qué ahora, cinco o seis años después, cambia de criterio? ¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía? ¿O busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?».

El sindicato asegura que «no aceptará responsabilidades que no les corresponden porque, alega, «tras presentar todas las justificaciones necesarias ante la Administración, la Junta las revisó y las aceptó, dándolas por buenas y validándolas«. Por eso, añade la organización sindical, no acepta que la Junta se convierta ahora en «la nueva Inquisición Española y que intente quemar en la hoguera a la Unión General de Trabajadores de Andalucía con tal de salvar su imagen».

«La Junta de Andalucía ha emprendido una causa general por el pánico desatado en la clase política gobernante ante las informaciones publicadas en la prensa», dicen desde el sindicato, que acusa al Gobierno de Susana Díaz de «perseguir un titular, un gesto de cara a la sociedad y a los medios de comunicación para erigirse en paladín del interés general y para preservar su imagen y su respaldo electoral».

Por todas estas razones, el sindicato ha solicitado al juez la suspensión de la ejecución de los expedientes de reintegro porque considera que «no señalan vicio alguno en la justificación de la subvención ni revelan la existencia de indicios que muestre la necesidad de revisar los expedientes». Para UGT-A, es la Administración quien debe demostrar que se incumplió alguna exigencia formal o material en el destino de la subvención y no el sindicato quien tiene que probar su inocencia justificando nuevamente unas subvenciones cuyo pleno cumplimiento ya acreditó en su día».

El recurso sindical asegura que «las operaciones de revisión como las que ha emprendido la Junta de Andalucía contra UGT Andalucía son radicalmente inválidas porque conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión -art.24 CE-, a más de generar una indefensión intraprocedimental o propia de la vía administrativa, lo cual también es determinante de un vicio de invalidez -art. 63.2 LRJPAC-, puesto que la incoación de los expedientes de reintegro ha de fundamentarse en indicios concretos y evidencias, sin que resulte suficiente una mera especulación y deben concretar los aspectos en que tiene lugar la fiscalización, a fin de que el sujeto pasivo pueda articular coherentemente su defensa».

Para acabar, UGT-A recuerda que «debe ser la Administración quien pruebe la infracción y acuse formal y concretamente al sindicato de los actos que considere ilícitos; tanto más, cuanto que la documentación justificativa de las subvenciones obraba ya con anterioridad en poder de la Administración desde el momento en que oportunamente se presentó por parte del sindicato la justificación a que obliga la normativa vigente».