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UGT-A se financió ilegalmente con los cursos de formación

UGT

UGT se la jugó a los trabajadores

La Guardia Civil ha detenido hoy en Agost (Alicante) a otras dos personas

La Junta de Andalucía se personará en la causa

UGT Andalucía usó las subvenciones destinadas a la formación de trabajadores para financiarse ilegalmente. Es lo que asegura la Guardia Civil, que considera el fraude en las subvenciones recibidas para formación de trabajadores como «la vía más importante de financiación de este sindicato«.

El instituto armado afirma que este fraude se realizó de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo. El sindicato no actuó solo, sino en connivencia con empresarios de Sevilla, Jaén y Madrid, para presentar a la Junta de Andalucía facturas falsas de alquiler de aulas y de compras ficticias de artículos para cursos que nunca se realizaron.

El grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil, dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, efectuó ayer una redada en varias ciudades en las que detuvo a 19 personas, entre ellas varios empleados de UGT, incluido su ex tesorero en Andalucía Federico Fresneda; y algunos representantes de las empresas que supuestamente realizaron facturas falsas al sindicato.

La operación CIRENE de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, abarca el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos doce años. El inicio de la operación se sitúa en el Juzgado de Instrucción SEIS de los de Sevilla en el verano de 2013, siendo dividida la causa posteriormente entre ese Juzgado y el número NUEVE, entendiendo este último de todo aquello relacionado con la organización sindical UGT-Andalucía.

El 19 de diciembre se registró la sede de UGT-Andalucía y se tomó declaración a varios imputados. Del análisis de la documentación incautada en diciembre, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones. Las investigaciones han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato. Estos procedimientos eran ejecutados por personal que trabajaban para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización.

Desde UGT de Andalucía aseguran que respetan la investigación judicial y han ofrecido su «absoluta colaboración con la Justicia y cuantas administraciones públicas así lo soliciten» en una operación que sigue abierta y en la que no se descartan más detenciones y registros.

Y conocida la operación de la Guardia Civil, el Gobierno andaluz ha instado al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía a que analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos, una vez que los procedimientos judiciales lo permitan, para la personación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla y que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario.

Además, en el ámbito administrativo, la Junta seguirá analizando los expedientes correspondientes, con el fin de obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato.

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